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Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el viernes 9 febrero en el aeropuerto internacional Simón Bolívar cuando estaba por tomar un vuelo en compañía de su hija. La prensa local venezolana alerta sobre su posible traslado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
A finales de enero, Rocío San Miguel, experta militar y en derecho penal, identificó irregularidades en un proceso del ejército venezolano que expulsó a militares presuntamente vinculados con conspiraciones de magnicidio.
La activista dijo a la prensa que había varios aspectos aún sin justificar sobre las “expulsiones y degradaciones de efectivos militares” incompatibles con el Código Orgánico de Justicia Militar.
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Detención arbitraria
Las autoridades venezolanas no han informado sobre las razones de su detención. Este arresto sucede en un contexto marcado por las declaraciones de la fiscalía venezolana de capturar a quienes estén “implicados en conspiraciones”, incluidos periodistas y activistas.
Por estas últimas presuntas conspiraciones van 36 detenidos -12 por “Brazalete blanco”- y 22 personas con órdenes de captura, según dijo el fiscal general Tarek William Saab el 26 de enero.
Medios locales reportan la posibilidad de que el nombre de la activista haya aparecido en las investigaciones de la fiscalía como integrante de “Brazalete blanco”. No obstante, el abogado y defensor de derechos humanos, Eduardo Torres, dijo a RFI que se trata de “farsas que buscan criminalizar a los que luchan […] abusando de la legislación antiterrorismo” venezolana.
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“Ya basta de farsas, de estos brazaletes blancos, de los movimientos azules, anaranjados, los que sean. […] De acuerdo con el Artículo 44 constitucional, cuando una persona es detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares o abogados”, insistió.
Elecciones sin libertad
Por otro lado, Torres consideró que, al aproximarse las elecciones presidenciales de Venezuela, Nicolás Maduro está incrementando la represión para evitar la transparencia y la competencia en el proceso electoral.
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El Fiscal William Saab “debe cesar con este hostigamiento, con esta criminalización ilegal que constituye un crimen de lesa humanidad”, denunció.
Rocío San Miguel ganó un caso contra Venezuela en 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación de derechos políticos y de expresión, tras su despido de un ente público por apoyar en 2003 el llamado a un referendo revocatorio en contra del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Políticos de oposición y oenegés de derechos humanos piden su liberación inmediata.
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