Ya en las primeras horas de este miércoles, cuando los resultados aún no eran muy claros en varios estados, Trump dijo estar listo para pedir a la Suprema Corte de Justicia que resuelva las disputas sobre el recuento de los votos ante Biden.

Su equipo de campaña impugnó el escrutinio en Wisconsin, donde según la prensa ganó Biden, e hizo lo mismo en Michigan donde los demócratas están en ventaja y el equipo del presidente alega que no fue autorizado a observar el recuento en “varios” condados.

La determinación de Trump de cuestionar resultados reavivó la hipótesis de que, como en 2000, la justicia decida cómo los estados pueden escrutar los sufragios o hacer recuentos.

Pandemia y voto por correo

Los problemas legales están vinculados a la pandemia de COVID-19. La recomendación de cuidar el distanciamiento entre las personas estimuló a votar por correo.

Cada estado fija sus normas electorales y muchos adoptaron o ampliaron la posibilidad de votar bajo esta modalidad. Eso demandó cambiar reglas sobre cuando y cómo enviar los votos, verificarlos y contarlos.

Para responder a millones de votos emitidos por correo, legislaturas estatales y autoridades electorales extendieron el plazo de recepción de sufragios debido a la sobrecarga del servicio postal, prolongaron el tiempo de conteo de esos votos y dieron otros pasos para facilitar el proceso.

Previendo que más demócratas -que se mostraron más cuidadosos ante el coronavirus- preferirían votar por correo, republicanos de todo el país pidieron a la justicia bloquear esos cambios de reglas por considerar que transgreden normas existentes. Este miércoles en algunos estados aún estaban llegando votos por correo.

“Es evidente que los dos candidatos creen que aún tienen chance de ganar, de manera que la pelea avanza. Y la pelea puede hacerse en los tribunales”, dijo Ed Foley, experto en derecho electoral de la Universidad de Ohio.

Posibles desafíos

Como ocurrió en el estado de Florida en las elecciones de 2000, los pleitos se centrarán en la legitimidad de los votos.

Ya antes de las elecciones, republicanos presentaron demandas sobre si estados como Michigan o Pensilvania pueden considerar válidos los votos contados tras el día de los comicios o contar los que llegaron por correo después de ese día.

Una y otra vez, Trump denunció sin mostrar pruebas que los votos posteriores al día de la elección, especialmente en el decisivo estado de Pensilvania, podrían ser “fraudulentos”.

Pensilvania es un caso muy especial porque, a diferencia de Michigan y otros estados, aceptó separar los votos llegados por correo después del martes y los convirtió en un preciado objetivo.

Los republicanos también cuestionan la supervisión de los votos por correo, si fueron despachados correctamente o algunos otros mecanismos adoptados.

Recuentos cerrados

Expertos dicen que no es probable que los partidos recurran a la justicia a menos que la diferencia entre los candidatos sea muy chica, como ocurrió en Florida en 2000 cuando la elección dependía de apenas 537 votos.

Derek Muller, profesor de derecho de la Universidad de Iowa, dijo que ningún candidato presentará demandas si está significativamente a la zaga en varios estados. “Si eso ocurre en un solo estado”, dijo, “entonces sí espero litigios”.

Pero si el margen diferencia es de dos o tres puntos porcentuales -unos 100.000 votos en el caso de Pensilvania- “es bastante difícil litigar”, añadió.

Una Corte cautelosa

La Suprema Corte ha sido muy cautelosa en cuanto a involucrarse en asuntos electorales que son regidos por leyes de los estados.

Y su decisión de 2000 que definió la presidencia en favor de George W. Bush dejó muchas preguntas sin respuesta sobre el sistema de votación de Florida, por lo que la Corte se cuida ahora de dañar su imagen ante la sociedad.

Un pleito electoral pondría bajo los reflectores a los seis miembros conservadores y tres liberales de la Suprema Corte.

Esas luces expondrían especialmente a la jueza Amy Coney Barrett, que fue escogida por Trump y se sumó al cuerpo hace escasos días.

Trump dijo reiteradamente que apuró la designación de Barret en parte para que estuviera en funciones en caso de problemas en las elecciones.

“La Suprema Corte no tiene que intervenir”, dijo Muller. “Creo que se necesitaba en 2000 pero no está necesariamente claro que sea lo mismo ahora”, afirmó.