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Este artículo fue curado por pulzo   Dic 10, 2025 - 12:35 pm
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Colombia intenta mediar ante la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

El presidente Gustavo Petro, que por años ha sido considerado como un simpatizante de Nicolás Maduro, emitió este lunes un mensaje en el que rechazó la posibilidad de una intervención militar de EE. UU. en territorio venezolano e instó a una “amnistía general”, así como a una transición democrática del poder.

“Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas. La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros ni por retóricas vacías,  ni por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, señaló Petro mediante su cuenta en la plataforma X.

La declaración de Petro llegó después de que se conociera que funcionarios venezolanos anularon el pasaporte del cardenal Baltazar Porras, cuando intentaba viajar desde el Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, con rumbo a Colombia y destino final España.

Petro subrayó que Venezuela necesita una “revolución democrática” y no “represiones ineficientes”.

“El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes”, agregó el primer presidente de izquierda de Colombia.

Las palabras de Petro también llegan en momentos en que Estados Unidos aumenta la presión–con ataques en el mar Caribe y Pacífico oriental–contra el Gobierno de Maduro, al que vincula con el llamado Cartel de los Soles. Caracas ha rechazado esas acusaciones de forma reiterada y asegura que el objetivo de Washington es un cambio de régimen en Venezuela.

  • Hegseth evalúa si publica video sobre cuestionado ataque en el Caribe

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó a los líderes del Congreso que se encuentra considerando publicar el video completo del ataque a un presunto barco cargado de drogas, en el que dos sobrevivientes fueron rematados por fuego estadounidense el pasado 2 de septiembre.

Hegseth enfrenta un mayor escrutinio por “ejecuciones extrajudiciales”, como denuncian organizaciones como la ONU y Human Rights Watch, luego de que el pasado 2 de diciembre la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmara que se ejecutó un segundo ataque contra una embarcación que había dejado sobrevivientes, al justificar que fue hecho “de conformidad con el derecho en conflictos armados”.

Según las primeras versiones difundidas por la prensa local, Hegseth dio la orden de “matar a todos” los sobrevivientes, pero posteriormente el secretario de Defensa negó que él hubiera dado la orden.

Dentro de la sala de seguridad, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, preguntó al secretario de Defensa si permitiría a todos los miembros del Congreso ver el video del ataque de septiembre, a lo que respondió: “Tenemos que estudiarlo”.

Los legisladores exigen al Departamento de Defensa un informe completo sobre la ofensiva militar y el ataque en particular que mató a dos personas ese 2 de septiembre mientras se aferraban a los restos de la embarcación tras un ataque inicial. 

Hasta el momento, Estados Unidos ha matado al menos a 87 personas en más de 20 ataques en el Caribe y Pacífico oriental, cerca a aguas de Venezuela, mientras justifica una lucha contra el tráfico de drogas hacia su territorio.

Expertos legales afirman que esta acción podría haber violado las leyes que rigen el uso de la fuerza militar letal. La situación ha despertado la preocupación del Congreso, controlado por los republicanos, por su función de supervisión tras meses de frustración por el flujo de información proveniente del Pentágono.

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Con Reuters y AP

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