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Con 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada de este miércoles 10 de diciembre un proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
La medida también disminuiría los años en prisión para otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022, en las que ganó el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
El proyecto impide que se acumulen las penas de dos de los crímenes por los que fue condenado el exmandatario, el de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y el de golpe de Estado, al entender que se trata de delitos parecidos.
Si se aprueba la normativa, se aplicaría solo la pena más grave de los dos, en este caso el de golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de prisión, por lo que se desestimaría la pena por intento de abolición violenta, que prevé hasta ocho años de cárcel.
Pero, además, el texto plantea reducir de uno a dos tercios de la pena cuando los crímenes por golpismo se hayan ejecutado como parte de una “multitud”, como sucedió en el asalto por parte de cientos de bolsonaristas a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia el 8 de enero de 2023.
Por último, la iniciativa parlamentaria agiliza la transición del régimen cerrado al semiabierto para los condenados por golpismo, tras cumplir al menos una sexta parte de la pena o, en el caso de actos violentos, una cuarta parte de la misma.
Las cuentas del diputado Paulo Pereira da Silva, ponente del proyecto, apuntan a que Bolsonaro podría dejar el régimen cerrado en poco más de dos años.
El Senado tendrá la última palabra en el debate final de la normativa, aunque la Corte Suprema podría impugnar en caso de aprobación.
Entre los beneficiarios potenciales del proyecto figuran altos cargos militares y antiguos ministros, condenados por apoyar los planes del exmandatario para mantenerse en el poder, que contemplaba la posibilidad de un magnicidio contra la Luda da Silva.
¿Corrección de “excesos” o proyecto de “amnistía”?
El diputado Paulo Pereira da Silva, conocido como ‘Paulinho da Força’, defendió la iniciativa durante el debate como una medida de “reconciliación” que busca “corregir los excesos” en las penas impuestas por el Supremo, pero “sin evitar la responsabilización”.
Una versión preliminar del proyecto de ley presentado por diputados de la oposición consideraba un indulto a los involucrados en “manifestaciones políticas”, a partir del 30 de octubre de 2022, pero da Força descartó concederles una amnistía total.
“No hay posibilidad de amnistía”, aseguró el congresista, quien tras hablar “con todos los partidos”, concluyó que “el único proyecto viable para pacificar Brasil es la reducción de las condenas”.
La explicación del ponente no convenció a Lindbergh Farias, líder de los diputados del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), quien aseguró que la Cámara “está abrazando el golpismo”.
La sesión parlamentaria estuvo opacada por momentos de tensión, con empujones y forcejeos entre diputados y miembros del cuerpo de seguridad legislativa.
El diputado Glauber Braga, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), ocupó la silla de la presidencia de la Cámara Baja en forma de protesta contra lo que denominó un proyecto de “amnistía” que “premia a los golpistas”.
El legislador también protestaba porque el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, admitió a trámite un proceso que puede llevar a su destitución por haber empujado a una política rival.
Los cuerpos de seguridad del hemiciclo retiraron a Braga por la fuerza, al tiempo que se expulsaba de la sala del pleno a los medios de comunicación, según describió la agencia de noticias EFE. En un mensaje en redes sociales, Motta ordenó investigar “posibles excesos” en el trato dado a los comunicadores.
En los pasillos de la Cámara Baja continuaron las protestas, los empujones y el griterío entre diputados y asesores.
Bolsonaro solicita traslado al hospital
Un día antes del acalorado debate en la Cámara de Diputados de Brasil, los abogados del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, solicitaron su traslado de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia a un hospital para “procedimientos quirúrgicos”, según un documento visto por la agencia de noticias Reuters.
Los abogados también reafirmaron su petición de que el líder derechista cumpla su condena de 27 años de prisión bajo “arresto domiciliario humanitario”.
Tras más de 100 días en arresto domiciliario, Bolsonaro fue recluido en la cárcel después de que el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso en su contra, detectara indicios de fuga, concretamente por un intento del expresidente de dañar su tobillera electrónica, momentos después de que su hijo convocará a una manifestación frente a su casa.
“La información constata la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para garantizar el éxito en su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo”, aseguró Moraes al tras solicitar la detención, reafirmada después por el Tribunal Supremo.
Con Reuters y EFE
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