Gustavo Petro se mantuvo entre los mandatarios con menor aprobación en América Latina, según el más reciente ranking de popularidad publicado en agosto de 2025 por CB Consultora Opinión Pública. Su imagen positiva alcanzó el 37,5 %, ubicándolo en el sexto lugar entre los doce presidentes evaluados.
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Aunque esta cifra representó una caída respecto al mes anterior, el mandatario colombiano siguió por debajo de otros líderes regionales con mejor percepción ciudadana.
A lo largo de 2025, la aprobación de Petro se mantuvo relativamente estable en el margen del 36 % al 39 %, con leves repuntes. En julio, por ejemplo, registró un 38,8 %, lo que indicaba una pequeña recuperación frente a mediciones anteriores, aunque insuficiente para lograr un avance significativo en el listado regional, según recogió Semana.
Las reformas impulsadas durante el año, aunque bien recibidas en ciertos sectores, no generaron un impacto suficiente para aumentar su popularidad de forma sostenida.
¿Qué presidente de Sudamérica lidera el ‘ranking’?
Encabezaron la lista de los más populares Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con un 49,2 %, seguido por Yamandú Orsi, de Uruguay, con 48,9 %, y Daniel Noboa, de Ecuador, con 46,8 %.
También estuvieron por encima de Petro los presidentes Javier Milei, de Argentina, con 45,9 %, y Gabriel Boric, de Chile, con 43,7 %. En cambio, Petro superó únicamente a mandatarios con cifras considerablemente más bajas como Santiago Peña, de Paraguay (35,1 %), Nicolás Maduro, de Venezuela (23,2 %), Dina Boluarte, de Perú (18,0 %) y Luis Arce, de Bolivia (17,8 %).
¿Qué implicaciones tuvo la baja popularidad de Petro para Colombia?
La popularidad presidencial desempeñó un papel fundamental en el escenario político colombiano. En el caso de Gustavo Petro, los bajos niveles de aprobación limitaron su margen de maniobra para avanzar con proyectos legislativos, construir consensos y movilizar apoyo social para sus reformas estructurales.
Una figura presidencial debilitada suele enfrentar mayores obstáculos en el Congreso y una mayor oposición de parte de actores económicos, gremiales y regionales.
Además, la persistente desaprobación ciudadana elevó el riesgo de movilización social y protesta, lo cual incrementó la presión sobre el Ejecutivo.
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