“No hay mejor alternativa para poner fin a los conflictos que la vía del diálogo”, se congratuló el representante especial y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
El era la primera revisión de los avances del acuerdo de paz desde que Gustavo Petro asumió la presidencia, y el balance del canciller Álvaro Leyva es positivo: “Colombia se ha convertido en un modelo de posibilidad y es un tema que produce una grata sensación”, dijo a la prensa, poco después de dirigirse a los 15 miembros del Consejo para explicarles los objetivos de su gobierno, en un discurso salpicado de referencias literarias.
“Yo diría que fue una magnífica reunión”, añadió, antes de precisar que “después de unas experiencias no tan gratas, hemos retomado el antiguo proceso de las Farc, así como nuevas iniciativas”, dijo el ministro, en referencia a las inminentes negociaciones con el Eln para las que todavía “no se ha definido” el lugar donde se celebrarán, a pesar de que hay “varios pretendientes”, dijo.
El plan de “paz total” prometido por Petro pretende impulsar el acuerdo de paz suscrito por la guerrilla de las Farc, así como buscar ampliar el diálogo con otros grupos armados no firmantes, lo que para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es un “motivo de optimismo”.
En el último informe trimestral (de junio a septiembre) que la misión de verificación de ONU realiza sobre el acuerdo de paz, Guterres recuerda al gobierno de Petro que es “instrumental” que garantice los fondos necesarios en el presupuesto de 2023 para poder llevar a cabo los acuerdos.
“Es crucial que la reintegración no deje a nadie atrás”, en particular los “exmiembros de las Farc” así como las “necesidades específicas de las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes”, señala Guterres.
La violencia persistente contra las comunidades, en particular las indígenas y las afrocolombianas, los antiguos miembros de las Farc y los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales preocupa a la ONU.
Durante los tres meses cubiertos por el informe, 15 excombatientes fueron asesinados, con lo que ya son 342 los excombatientes muertos desde la firma del acuerdo de paz. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó 39 asesinatos a gran escala (12 verificados, 26 en proceso de verificación y uno no concluyente) y ha recibido denuncias de 45 homicidios contra defensores de los derechos humanos.
Tras el apoyo de los miembros del Consejo, a finales de mes se espera la renovación del mandato de la misión de verificación de la ONU para Colombia por otro año más.
LO ÚLTIMO
.svg)
