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La Asamblea Nacional de Venezuela, institución legislativa en manos del chavismo, avanzó en el rediseño de órganos clave del Estado con la designación del abogado Larry Devoe como nuevo fiscal general. Este cambio, adoptado durante una sesión que también sirvió para aprobar una ley de minería orientada a incentivar inversiones extranjeras y para nombrar a Eglée González como defensora del pueblo, marca un capítulo más en la consolidación del oficialismo en espacios estratégicos, según lo reportado por Noticias Caracol y agencias como EFE y AFP.
El nombramiento de Devoe ocurre en un contexto particularmente tensionado, tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación liderada por fuerzas militares estadounidenses. En una sesión televisada de la Asamblea, Jorge Rodríguez, quien preside el Parlamento y es figura prominente del chavismo, dirigió la jura de los nuevos funcionarios. Sobre Eglée González, Rodríguez subrayó la ausencia de militancia política como un atributo esencial en el contexto actual, describiendo su perfil como una "gran oportunidad" para el país.
Respecto al nuevo fiscal general, Larry Devoe cuenta con una trayectoria relevante como responsable del Consejo Nacional de Derechos Humanos, instancia dedicada a coordinar y supervisar la ejecución de políticas públicas en derechos humanos. La diputada oficialista Carolina Carreño defendió su postulación señalando que Devoe posee credenciales éticas y académicas irreprochables; pese a ello, como reseña Noticias Caracol, en 2019 el gobierno de Canadá impuso sanciones contra él y otras figuras asociadas al gobierno de Maduro, al catalogarlos como parte de su régimen.
La llegada de Devoe a la Fiscalía General no es su primera incursión en el cargo, pues ya fue designado fiscal encargado al reemplazar a Tarek William Saab el 25 de febrero. Tras asumir oficialmente, Devoe expresó su voluntad de contribuir a la transformación del sistema de justicia penal para erradicar la criminalización de la pobreza.
Sin embargo, la designación no estuvo exenta de controversia. Henrique Capriles, reconocido dirigente opositor y excandidato presidencial, expresó su desacuerdo reclamando la necesidad de funcionarios independientes, libres de filiaciones partidistas, para garantizar un verdadero cambio institucional. Desde la bancada opositora Libertad, Henri Falcón también condenó los nombramientos por considerar que no cumplen los principios de autonomía ni pluralismo democrático, señalando que las instituciones en Venezuela han sido usadas como plataformas ideológicas de una sola corriente política.
El proceso de elección de estos funcionarios ha sido motivo de preocupación para la sociedad civil. En marzo, once organizaciones no gubernamentales denunciaron la falta de transparencia y criterios objetivos en el mecanismo de selección, ya que el Parlamento conformó un comité evaluador compuesto únicamente por diputados oficialistas, marginando a representantes de otros sectores sociales, a pesar de lo establecido en la Constitución. Todo ello ocurrió tras la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos identificados con el oficialismo, en un contexto marcado por la promulgación en febrero de la Ley de Amnistía, iniciativa que, aunque prevé la liberación de presos políticos, solo aplica a un limitado número de hechos.
¿Por qué la presencia de representantes de la sociedad civil es clave en los procesos de selección de autoridades en Venezuela?
La participación de la sociedad civil en la selección de autoridades como el fiscal general o el defensor del pueblo es uno de los requisitos establecidos por la Constitución venezolana para garantizar transparencia y pluralidad. La ausencia de voces independientes y de sectores diversos puede debilitar la legitimidad de las instituciones y generar desconfianza en su actuación, especialmente en contextos politizados.
Esta preocupación ha sido reiterada por organizaciones no gubernamentales, quienes advierten que omitir a la sociedad civil en estos procesos puede limitar la autonomía de los nombrados, restando garantías tanto a las minorías políticas como a la ciudadanía en general frente al ejercicio de sus derechos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Qué pasará con los presos políticos que no han sido liberados en Venezuela
El abogado Juan Luis González da detalles sobre el proceso y la liberación de Rocío San Miguel, la presa política venezolana que a pesar de ser liberada continúa en el proceso judicial. También habló de cómo ve el panorama sobre los presos políticos que aún no han sido liberados.
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