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A través de una sofisticada red de contrabando y manipulación aduanera, el llamado “huachicol fiscal” ha permitido el ingreso ilegal de millones de litros de gasolina y diésel al país bajo etiquetas falsas como lubricantes o aditivos, evadiendo impuestos. Este esquema no solo implica pérdidas anuales millonarias para el erario, sino que ha penetrado estructuras de poder que plantean un reto frontal para el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Marea alta. El 14 de julio de 2024, el contralmirante de la Secretaría de Marina (SEMAR) Fernando Rubén Guerrero Alcántar, en su cargo como director general de Recaudación de Aduanas del Puerto de Veracruz, decidió presentar una denuncia formal contra el almirante Rafael Ojeda Durán, entonces titular de la SEMAR.
En el escrito hacía señalamientos graves dentro de la institución. Decía que en la Secretaría de Marina existía una mafia encabezada por dos sobrinos políticos de Ojeda Durán —los hermanos Farías Laguna— y apoyada por oficiales y funcionarios civiles de aduanas para generar ingresos ilícitos.
Guerrero Alcántar fue más allá: se reunió el 10 de octubre de 2024 con el nuevo titular de la Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, para darle detalles de su denuncia.
Pocas semanas después, el 8 de noviembre, Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo, Colima. Dos sicarios a bordo de una motocicleta lo interceptaron y acribillaron mientras conducía su camioneta por el centro de la ciudad.
“La SEMAR expresa su más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros del elemento caído. En este doloroso momento, brindará todo el apoyo necesario a sus seres queridos y colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos”, expresó la institución a la que pertenecía.
Según una investigación revelada por el diario ‘Reforma’, citando documentos de la investigación, el motivo del asesinato habría sido la denuncia que el contralmirante presentó contra la red de corrupción liderada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante, además de familiares del entonces secretario de Marina Ojeda Durán.
Esa red más tarde se conocería en México como ‘huachicol fiscal’, considerado incluso uno de los fraudes más grandes en la historia del país.
El término ‘huachicol’, según la Academia Mexicana de la Lengua, proviene de la palabra maya “huach” o “waach”, utilizada tradicionalmente para referirse a los “forasteros”.
En el español mexicano, sin embargo, el vocablo adquirió con el tiempo una connotación distinta: la de algo falso, adulterado o de baja calidad.
Originalmente se aplicaba a bebidas alcohólicas adulteradas, pero con los años, el término fue apropiado para describir el robo y dilución de combustibles, especialmente gasolina y diésel.
Así nació el uso actual de huachicol para referirse al combustible robado y modificado, y huachicoleo para describir esa práctica ilícita, según InSight Crime.
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Durante la década de 1990, comenzaron a emerger en zonas rurales de México pequeños grupos conocidos de ‘huachicoleros’ que perforaban los ductos de Petróleos Mexicanos, Pemex, utilizando herramientas rudimentarias como válvulas y bidones para sustraer combustible, una práctica que, además de ilegal, era riesgosa.
En 2003, Pemex detectó 152 tomas clandestinas y para 2018, esta cifra se había disparado a casi 15.000, mostrando la creciente sofisticación de los grupos dedicados al robo de hidrocarburos.
A medida que se multiplicaban las perforaciones ilegales, también crecían las disputas violentas por el control territorial de los ductos.
¿Qué es el ‘huachicol fiscal’?
Mientras que el huachicoleo común suele implicar el robo de hidrocarburos dentro del país, el llamado ‘huachicol fiscal’ tiene un enfoque más complejo y sofisticados.
Esta modalidad opera mediante el uso indebido de fracciones arancelarias, un mecanismo técnico que define cómo se clasifican los productos al momento de su importación.
Por ejemplo, los grupos responsables de este esquema introducen grandes cantidades de gasolina y diésel a México, pero lo hacen registrándolos como productos que están exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS.
En lugar de declarar hidrocarburos, los etiquetan como lubricantes, alcoholes o aditivos.
Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, afirma que el entramado es mucho mayor que lo que se ha logrado ver hasta ahora.
“Estamos viendo solo una pequeña fracción de las redes de complicidad que operan en todo el país”, señala. Para que el huachicol fiscal ingrese a México, explica, se requiere de una cadena de colusión que atraviesa múltiples niveles institucionales: “Necesitás cómplices en aduanas, en los retenes carreteros, en las corporaciones de seguridad de cada estado por el que transita la mercancía”, dice.
El 6 de septiembre de 2025, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó la detención de 14 personas presuntamente vinculadas a una red de contrabando de combustibles.
Las capturas se realizaron de manera coordinada en varios estados del país, incluidos Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.
Entre los arrestados figuran empresarios dedicados a la importación de hidrocarburos, funcionarios públicos ligados al sistema aduanero, así como altos mandos de la Secretaría de Marina, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado por su conexión con el decomiso de más de diez millones de litros de hidrocarburos incautados en marzo pasado en el estado de Tamaulipas.
Después, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá impunidad. “Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados”, señaló la mandataria.
“El huachicol ha superado al fentanilo como tema principal”
Tradicionalmente, las agencias estadounidenses han enfocado sus esfuerzos en combatir el narcotráfico y ahora, señala Sánchez, al robo de hidrocarburos.
“Tradicionalmente solo estaban relacionados con el narcotráfico. Ahora también hay presencia de personajes ligados a redes de robo de combustible”, afirma.
“Hoy por hoy, el ‘huachicol fiscal’, al menos en el escenario mexicano, ha tomado el escenario principal sobre el fentanilo. En Estados Unidos ya empieza a haber también acciones mucho más contundentes. En tan poco tiempo el huachicol ha superado el fentanilo como tema principal en el intercambio de inteligencia, que han tenido un impacto político, un impacto social y un impacto mediático”, dice Ghaleb Krame, experto en seguridad, inteligencia y crimen organizado.
En abril de este año, las autoridades estadounidenses arrestaron en Texas a James Jensen y su hijo Maxwell Jensen, dos empresarios acusados de colaborar con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante el tráfico de combustible robado entre 2022 y 2025.
La operación, encabezada por la DEA tuvo como punto de partida el hallazgo en marzo pasado de un buque petrolero —el ‘Challenge Porcyon’— cargado con hidrocarburos ilegales en el puerto de Tampico, México.
El fiscal Nicholas Ganjei declaró que ambos “tendrán que rendir cuentas”, no solo por el contrabando de combustible, sino también por haber proporcionado recursos logísticos y financieros a la organización criminal.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió en mayo una alerta dirigida a instituciones financieras del país.
El documento detalla tipologías sobre esquemas de contrabando de petróleo crudo en la frontera suroeste, asociados directamente con el CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales con base en México.
“El robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo son fuentes de ingresos para la actividad narcoterrorista del CJNG, lo que les proporciona una lucrativa fuente de ingresos y les permite causar estragos en México y Estados Unidos”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Pero la presión para actuar no viene solo del exterior. Dentro de Morena, partido dominante, existen facciones en pugna por el control territorial, político y económico.
Sánchez advierte que algunos de los implicados en redes de huachicol —por acción u omisión— han ocupado cargos estratégicos en gobiernos estatales o han mantenido vínculos cercanos con figuras nacionales. Revelar estas redes, incluso de forma parcial, implica desarticular negocios oscuros incrustados en estructuras locales como aduanas o puertos.
“Tienes a Estados Unidos presionando por una falta de resultados en tema de combate al crimen organizado y estas situaciones lo único que generan es precisamente confirmar la sospecha, quizá a voces, de que existe un alto involucramiento de personas ligadas al gobierno y al partido en el poder”, explica Sánchez.
El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Romero Herrera, calificó el caso del huachicol fiscal como “el fraude más grande en la historia de México”.
Romero otorgó el “beneficio de la duda” a la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque la instó a deslindarse con claridad de los hechos y actuar con firmeza.
“Es momento de definirse: o se deslinda y demuestra con hechos que su administración será diferente, o acabará siendo cómplice de este acto de corrupción”, concluyó el dirigente del partido opositor.
Sheinbaum entre dos fuegos: presión externa y fracturas internas
En este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema complejo. Por un lado, debe responder a la exigencia internacional de mostrar resultados en materia de combate al crimen organizado. Por otro, cada golpe contra las redes de huachicol revela niveles profundos de corrupción que involucran a figuras cercanas a su propio partido, explican los expertos.
“El huachicol se convirtió en la fuente principal de financiamiento y enriquecimiento del establishment. Es insostenible la posición de Claudia Sheinbaum, es insostenible la posición del Partido Morena. La presidenta increíblemente sale todas las mañanas a defender a (Andrés Manuel) López Obrador, a defender a los hijos de López Obrador con una narrativa que no tiene sustento y que nadie cree”, lamenta Krame.
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“Tanto coraje le tienen quienes perdieron los privilegios, que siguen calumniando al presidente López Obrador; pero la verdad es una: nunca lo podrán calumniar porque él se quedó, no en monumentos, no en nombres de calles, se quedó en el corazón del pueblo de México”, expresó recientemente la mandataria en Mérida, Yucatán.
Por su parte, Sánchez ve positivo el inicio de las investigaciones, y recuerda que durante el gobierno de AMLO se “negó en todo momento que siguiera existiendo el huachicol…empieza a haber un compromiso con el tema, pero coincido en el hecho de que, el combatir estas redes, deja muy mal parado al Gobierno, al partido gobernante e incluso incluso al país porque desentraña una verdad que se quiso ocultar durante mucho tiempo”.
Sheinbaum aclaró que, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, FGR, el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, no figura entre los involucrados, desmarcándolo de las redes de contrabando detectadas tras los decomisos millonarios realizados en marzo, al tiempo que adelantó nuevas detenciones.
“De ahí viene una investigación muy amplia, como bien dijo aquí el fiscal, el almirante secretario, el secretario de Seguridad, no han terminado las detenciones, todavía sigue la investigación en curso”, comentó la presidenta.
Pero el analista Krame cuestiona: “No han tocado a ningún político. Están los tiburones, los grandes tiburones, las ballenas, y están agarrando a pura sardina”.
Otro experto que ha investigado las redes de huachicol por más de una década consultado por France 24, que decidió omitir su nombre por seguridad, afirma que el ‘huachicol fiscal’ “es solo la punta del Iceberg, porque no es solo la Marina, no son solo algunos funcionarios, la Guardia Nacional también está coludida. El Ejército también está coludido”.
Según la FGR, al menos 31 buques con cargamentos de hidrocarburos ingresaron a México bajo esquemas de fraude fiscal entre abril de 2024 y marzo de 2025.
De ellos, 14 embarcaciones están plenamente vinculadas a esta red criminal. Especialistas estiman que el mercado ilegal de combustibles ocasiona pérdidas anuales de unos 177.000 millones de pesos —aproximadamente 9.200 millones de dólares— para el erario público, según la consultora Petro Intelligence.
Aunque la Secretaría de Hacienda ha reconocido el problema, hasta ahora ha evitado revelar públicamente detalles sobre su estrategia de contención o el cálculo oficial de daños.
Según el experto, aunque el Gobierno de Sheinbaum busca proyectar una imagen de autonomía frente a Estados Unidos, esta narrativa no se sostiene ante la realidad geopolítica.
“La idea de un México independiente que no iba a permitir que las políticas estadounidenses influyeran sobre las decisiones nacionales es una ficción”, dice.
“Todo el sexenio anterior se dejó desatendido un negocio multimillonario que financia no solo a los carteles, sino también otras redes criminales como la trata de personas y la desaparición forzada”, concluye el experto.
Con medios locales
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