El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que restringe el ingreso a estados unidos de ciudadanos provenientes de 12 naciones, reactivando una de las políticas migratorias más polémicas de su gobierno anterior.
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Esta decisión surge tras el atentado ocurrido en Boulder, Colorado, durante una manifestación en apoyo a los rehenes israelíes, evento que reavivó el debate sobre la seguridad fronteriza y la procedencia de los inmigrantes.
La nueva proclamación, oficializada el miércoles, afecta a viajeros de Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán y Yemen. Asimismo, además, coloca restricciones parciales a personas provenientes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. De esta forma, se amplía la cantidad de territorios afectados, en comparación con medidas migratorias pasadas.
Contra qué países hubo restricciones anteriormente a Estados Unidos
Trump atribuyó a las políticas del expresidente Joe Biden la presencia en territorio estadounidense del principal sospechoso del ataque en colorado, quien se identificó como originario de Egipto; sin embargo, Egipto no fue incluido dentro del grupo de países afectados por la orden ejecutiva.
Más allá de la coyuntura de seguridad, la decisión de restablecer restricciones migratorias recuerda a las acciones tomadas en el primer mandato de Trump, cuando se implementaron restricciones de viaje para países como Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.
Las medidas de entonces provocaron críticas y controversias tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por el impacto sobre familias y viajeros que cumplían con todas las normativas migratorias.
Por qué Trump tomó la decisión de prohibir entrada a Estados Unidos
Según información detallada por Bloomberg y otros medios estadounidenses, la justificación oficial de la administración Trump radica en prevenir posibles amenazas a la seguridad nacional y en endurecer los filtros para la concesión de visas o autorizaciones de ingreso; sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que estas políticas pueden fomentar la discriminación y limitar el acceso a solicitudes legítimas de asilo o reunificación familiar.
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