El gobierno de Donald Trump anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de migrantes sirios que residen en Estados Unidos, una decisión que deja a estos beneficiarios expuestos a deportación inmediata y que se enmarca en una serie de políticas migratorias restrictivas impulsadas por la administración.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la medida argumentando que “ya no es de interés nacional” mantener el programa humanitario, a pesar de que Siria continúa lidiando con las secuelas de más de una década de guerra civil, pobreza extrema y violencia sectaria, detalló El Tiempo.
Según datos oficiales del DHS, cerca de 4.000 sirios contaban con protecciones bajo el TPS hasta finales de marzo de 2025, un beneficio que les permitía trabajar y residir legalmente en el país desde 2012, cuando se activó el programa en respuesta al estallido de la guerra civil. Sin embargo, estimaciones de Reuters elevan la cifra a más de 6.000 personas afectadas, muchas de las cuales han reconstruido sus vidas en Estados Unidos durante años.
El TPS, aunque temporal, nunca ofrecía un camino directo a la residencia permanente, pero su terminación representa un golpe devastador para comunidades sirias en estados como California, Texas y Michigan, agregó el rotativo.
Donald Trump endurece su postura migratoria con más restricciones
Desde su segundo mandato, Trump ha priorizado una agenda de “restaurar la cordura” en el sistema migratorio, como la describió la secretaria del DHS, Kristi Noem.
Esta decisión sobre el TPS para sirios se suma a una batería de medidas draconianas: la terminación de protecciones para venezolanos, hondureños, haitianos y nicaragüenses; la imposición de depósitos de hasta 15.000 dólares para visas de turismo y negocios; y la apertura de centros de detención como Alligator Alcatraz en Florida para agilizar deportaciones masivas.
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Además, el reciente rebautizo del Departamento de Defensa como Departamento de Guerra y los ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe reflejan una visión de seguridad nacional que prioriza la expulsión de migrantes, incluso aquellos con estatus humanitario.
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