El destino de Colombia se encuentra en manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien frente a un informe sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales en la lucha antidrogas, tiene el poder de congelar o no la certificación antidrogas al país. La decisión afecta no sólo las relaciones bilaterales entre ambas naciones sino también el combate a la problemática de las drogas en el hemisferio.
A la luz de la legislación estadounidense, al llegar el 15 de septiembre de 2025, el presidente Trump debe entregar al Congreso una resolución que defina si Colombia está cumpliendo satisfactoriamente su lucha contra las drogas. Sin embargo, las cifras reveladas en 2023 de un alarmante crecimiento del cultivo de la hoja de coca, un aumento del 10% respecto al año anterior, evidencian un cuestionable avance.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, debe enfrentar esta delicada realidad que podría acarrear una descertificación del país, una situación que no se vive desde 1996 en el mandato de Ernesto Samper. De hacerse efectiva, la cooperación bilateral anual en seguridad, desarrollo y asistencia técnica se vería suspendida, afectando a su vez a créditos en organismos multilaterales, inversión extranjera, comercio y el turismo, con posibles pérdidas de hasta 1.000 millones en divisas.
“La descertificación tendría impactos severos en la capacidad del Estado para combatir el narcotráfico y en la cooperación internacional,” sostuvo un vocero de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) en una entrevista para El Tiempo.
El país colombiano, a pesar del desafío en la erradicación de cultivos ilícitos, ha logrado una notable confiscación de drogas y desmantelamiento de laboratorios en el primer semestre del presente año. Daniel García-Peña, embajador ante Estados Unidos destacó estos avances en la lucha antidrogas y enfatizó que una descertificación sólo beneficiaría a los grupos criminales, golpeando a ambos países.
Por otro lado, analistas internacionales pronostican que la descertificación no será completa debido a la estrecha relación de Colombia con Estados Unidos en temas de seguridad y control migratorio. Sin embargo, es evidente que esta evaluación de la lucha antidrogas viene cargada de tensiones políticas, en particular por la cercanía del gobierno colombiano con el régimen de Nicolás Maduro.
La canciller Rosa Yolanda Villavicencio declaró que “la decisión es política y el gobierno colombiano defiende su soberanía frente a posibles sanciones”. Sin embargo, reconoce la necesidad de continuar el diálogo binacional para resolver las diferencias y buscar intereses compartidos.
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