El presunto asesino de una congresista local de Minnesota y su marido acudió a los domicilios de cuatro políticos demócratas la noche en la que los mató, informó este lunes un fiscal federal.
Estados Unidos está muy polarizado políticamente, sobre todo desde que el republicano Donald Trump volvió al poder en enero con una política de mano dura contra la migración irregular e insultos frecuentes a sus oponentes políticos.
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Vance Boelter, de 57 años, está acusado de seis cargos federales, entre ellos dos de asesinato con arma de fuego, por lo que se enfrenta a “cadena perpetua o incluso la pena de muerte”, declaró el fiscal Joe Thompson en rueda de prensa en Mineápolis, en el norte de Estados Unidos.
Su macabro recorrido comenzó el sábado de madrugada al abrir fuego contra el senador estatal John Hoffman y su esposa, pero terminó con el asesinato de la congresista Melissa Hortman y su marido.
Vestido con chaleco antibalas y una máscara de silicona, fue a la casa de un político en Maple Grove, un suburbio de Mineápolis, pero no encontró a nadie, precisó. “Los detalles de los crímenes de Boelter son realmente escalofriantes”, estimó Thompson.
Fiscalía reveló actuar del sospechoso de asesinar a congresista en EE. UU.
A continuación, se dirigió a una vivienda en la localidad adyacente de New Hope, pero se marchó después de ver a un agente policial.
“Fue un asesinato político, una palabra que no utilizamos con frecuencia en Estados Unidos, y todavía menos aquí en Minnesota”, recalcó el fiscal.
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Boelter “acechaba a sus víctimas como si fueran presas. Iba a sus casas, se hacía pasar por agente de policía y les disparaba a sangre fría”, declaró el fiscal.
Tras 48 horas de persecución, Boelter fue detenido a última hora del domingo en una zona rural a una hora en coche al suroeste de Mineápolis, donde se produjeron los asesinatos, según la policía y las autoridades estatales.
Se encontró un cuaderno con los nombres de otros congresistas y posibles objetivos.
El sospechoso compareció ante un tribunal federal de Saint Paul, que ordenó que permanezca en detención hasta la nueva audiencia el 27 de junio y le asignó un abogado de oficio.
“Estos actos de violencia no quedarán impunes”, afirma en un comunicado la fiscal general, Pam Bondi, que ha prometido “graves consecuencias” en caso de condena.
Ni ella ni el fiscal aclararon si pedirán pena de muerte.
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