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La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este 8 de julio órdenes de arresto contra dos dirigentes talibanes acusados de crímenes contra la humanidad por la persecución de las mujeres en Afganistán.
Los jueces de la CPI afirmaron que existen “motivos fundados” para sospechar que el líder supremo, Haibatullah Akhundzada, y que el presidente de la Corte Suprema afgana, Abdul Hakim Haqqani, “cometieron (…) el crimen de lesa humanidad de persecución (…) por motivos de género”.
“Aunque los talibanes impusieron algunas reglas y prohibiciones a la población en su conjunto, apuntaron específicamente a las niñas y las mujeres a causa de su género, privándolas de derechos y libertades fundamentales”, indicó la corte con sede en La Haya.
El tribunal afirmó que los supuestos delitos se habrían cometido entre el 15 de agosto de 2021, cuando los talibanes llegaron al poder en Afganistán y, por lo menos, el 20 de enero de 2025.
Los talibanes “privaron gravemente” a chicas y mujeres de los derechos a la educación, privacidad y vida familiar y de las libertades de movimiento, expresión, pensamiento, conciencia y religión, dijeron los jueces de la CPI.
“Además, otras personas fueron objeto de persecución porque algunas expresiones de sexualidad y/o identidad de género fueron consideradas incompatibles con la política de género de los talibanes”, agregaron los magistrados.
La CPI, competente en crímenes de guerra y de lesa humanidad, no dispone sin embargo de su propia fuerza policial, por lo que depende de la voluntad de sus 125 países miembros para ejecutar las órdenes de arresto.
En teoría, esto significa que cualquiera sobre el que pese una orden de arresto de la CPI no puede viajar a un Estado miembro de ese tribunal, so pena de ser detenido.
– “Una persecución inadmisible –
Tras su retorno al poder en agosto de 2021, los talibanes prometieron que este segundo mandato sería menos estricto que su primer gobierno (1996-2001).
Pero rápidamente comenzaron a imponer una política para vetar a las mujeres y las niñas del espacio público, que la ONU calificó como un “apartheid de género”.
Actualmente, las mujeres afganas no pueden acceder a la universidad ni a la educación secundaria, no pueden ir a parques, ni a gimnasios, ni a salones de belleza.
Una ley les prohíbe cantar y declamar poesía, en virtud, como las demás directrices, de una visión ultrarrigorista de la ley islámica. Igualmente están obligadas a cubrirse cuando salen de casa.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró cuando pidió emitir las órdenes de arresto en enero que “las mujeres y las niñas afganas, así como los miembros de la comunidad LGTBQI+, afrontan una persecución inadmisible, sin precedentes y continuada por parte de los talibanes”.
Para el fiscal, esta acción envió un mensaje de que “el statu quo no es aceptable para las mujeres y niñas de Afganistán”. Entonces, Khan también afirmó que pedirá órdenes de arresto contra otros dirigentes talibanes.
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