En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, indicó que con esta decisión se pone fin a la “amenaza e imposición de sanciones económicas y restricciones de visado” que se les habían impuesto a algunos funcionarios de ese tribunal.
Los principales afectados por esas medidas eran la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, Phakiso Mochochoko, agregó la nota.
Además, la Administración Biden acabó con una medida separada de 2019 que contemplaba restricciones de visado para cierto personal de la CPI. “Estas decisiones reflejan nuestra valoración de que las medidas adoptadas eran inapropiadas e ineficaces“, puntualizó Blinken.
Sanciones de Trump fueron por investigar a personal de EE. UU. en Afganistán
En junio del año pasado, Trump autorizó sanciones económicas a los funcionarios de la CPI “directamente implicados en un esfuerzo por investigar personal de EE.UU. sin el consentimiento” de su país.
Entre estas medidas figuran el bloqueo de propiedades que estos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y la ampliación de las restricciones de viajes a EE. UU.
La CPI pidió a finales de 2017 abrir una investigación en Afganistán por supuestos crímenes de guerra y lesa humanidad a manos de talibanes, autoridades de país y tropas estadounidenses. Bensouda considera que existen bases para iniciar una investigación sobre crímenes de guerra cometidos en Palestina, que implicarían tanto a Israel como al movimiento islamista Hamás.
Estados Unidos nunca ha sido miembro de la CPI, con sede en La Haya (Holanda) y fundada en 1998. De hecho Blinken no dejó de expresar que Estados Unidos sigue “discrepando firmemente con las medidas de la CPI relativas a las situaciones de Afganistán y Palestina”:
“Mantenemos nuestra antigua objeción a los esfuerzos de la Corte por hacer valer su jurisdicción sobre el personal de Estados que no son partes, como Estados Unidos e Israel”, afirmó.
“Creemos, sin embargo, que nuestras preocupaciones sobre estos casos se abordarían mejor a través del compromiso con todas las partes interesadas en el proceso de la CPI en lugar de la imposición de sanciones“, puntualizó Blinken, quien apoyó que Estados firmantes del Estatuto de Roma -carta fundacional del alto tribunal- “estén estudiando una amplia gama de reformas” a esa instancia.
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