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Desde que ordenó el despliegue naval en el Caribe, seguido de ataques que dejan hasta ahora al menos 43 personas muertas tras extenderse al Pacífico, el Gobierno de Donald Trump ha justificado la declaratoria de un “conflicto armado” en la lucha contra el narcotráfico. Pero ¿cuál es la legalidad de su enfoque? Y ¿hasta qué punto se estaría violando el derecho internacional? Lo abordamos con la directora para las Américas de Human Right Watch, Juanita Goebertus, y el experto en Derecho Internacional, Rafael Hernández.
Destellos metálicos sobre el mar Caribe y el Pacífico e imágenes satelitales brindadas por el Gobierno de EE. UU. han dado la vuelta al mundo en los últimos días, mientras se elevan las alarmas por la violenta irrupción en aguas de la región.
La Administración de Donald Trump confirma los letales ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico, al tiempo que subraya que su país está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga, apoyándose en la misma autoridad legal utilizada por la Administración de George W. Bush cuando declaró la guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Pero Human Rights Watch apunta a una evaluación distinta: “una ejecución extrajudicial” a manos de un Estado que actúa fuera de la ley internacional.
Para Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, “no existe un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela, o entre Estados Unidos y Colombia, o entre Estados Unidos y estos grupos de criminalidad común. Lo que hay es un fenómeno de crimen organizado que debe ser enfrentado con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que investigan, juzgan y sancionan redes de narcotráfico, pero no ejecutan de manera sumaria sospechosos en embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico”.
La Administración Trump ha proporcionado pocos detalles y ninguna prueba, al menos de forma pública, que sustenten sus acusaciones. Aun si se tratara de embarcaciones que trasladaran drogas, los interrogantes son múltiples: por qué el Ejército estadounidense está llevando a cabo los ataques, en lugar de la Guardia Costera, la principal agencia de aplicación de la ley marítima de Estados Unidos, pero, sobre todo, por qué no se realizan otras medidas para detener los envíos antes de recurrir a ataques mortales.
“En el caso de Estados Unidos, que es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hay una violación flagrante al derecho a la vida (…) Al tomar la decisión de lanzar operaciones militares ofensivas con el uso de la fuerza letal como primera opción, se viola arbitrariamente el derecho a la vida”, destaca Goebertus.
Las cifras apuntan a una decena de ataques –ocho en el Caribe y dos en el Pacífico– desde el 2 de septiembre donde han muerto al menos 43 civiles. Las embarcaciones destruidas eran sospechosas de transportar cocaína.
Pero la Administración de Donald Trump afirma que los ataques se enmarcan en una supuesta “legítima defensa ante amenazas inminentes”. HRW considera esa justificación insostenible.
“La única forma de hacer uso de la fuerza letal como primera opción es si existiera un conflicto armado”
La experta afirma que tanto el Derecho Internacional Humanitario como el Comité Internacional de la Cruz Roja han establecido que la existencia de un conflicto armado no se deriva de una declaración subjetiva por parte de un mandatario, sino de criterios objetivos.
Por ello, la directora para las Américas de Human Rights Watch, distingue entre “nivel de organización y hostilidad”.
Según afirma HRW, “la única forma de hacer uso de la fuerza letal como primera opción es si existiera un conflicto armado (…) Lo que hay en el Caribe son grupos de criminalidad ordinaria. Bajo ningún escenario, la justificación de un conflicto armado puede ser válida”.
La experta subraya además que, incluso a nivel interno, Estados Unidos no ha cumplido con su propio procedimiento constitucional, que exige autorización del Congreso para declarar un “conflicto armado”.
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¿Ecos del pasado?
Los paralelismos con la era Obama, el presidente que dio galones a los drones para sus acciones bélicas, resuenan.
“En Afganistán existía un conflicto armado. En el Caribe, no. Lo que estamos viendo ahora es criminalidad común ejecutada de manera sumaria”, matiza Goebertus.
HRW advierte que la Administración Trump ha reducido la supervisión jurídica sobre los ataques aéreos y destituido a varios oficiales del cuerpo legal militar que revisaban la legalidad de las operaciones. “Hemos pedido al Congreso que inicie una investigación inmediata (…) Estados Unidos debe cancelar de inmediato estos ataques y restablecer los mecanismos de control”, subraya Goebertus.
En su diagnóstico existe un punto ciego: el “excepcionalismo americano” o la doctrina no escrita que permite a Washington actuar sin someterse a tribunales internacionales. “Es el mayor obstáculo para la rendición de cuentas. Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional ni la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso deja a las víctimas en un limbo jurídico”.
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¿Hasta dónde llega la soberanía y empieza la impunidad?
Entre las difusas –o inexistentes– coordenadas de los ataques se extiende un debate recurrente: ¿hasta dónde llega la soberanía y empieza la impunidad?
“Si estamos dentro de las doce millas marítimas, seguimos en aguas territoriales”, explica Rafael Hernández, doctor en Derecho Internacional y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana.
“Ahí cualquier intervención extranjera supone una violación de soberanía. Pero si los ataques se realizan más allá, en alta mar, entramos en un espacio internacional que no es tierra de nadie, sino tierra de todos. Ningún Estado puede actuar allí sin justificación”.
Hernández recuerda que la Convención de Montego Bay, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), define claramente la zona económica exclusiva hasta las 200 millas.
“Ya no rige la idea del caso Lotus, según la cual todo lo que no está prohibido está permitido. Hoy, lo que no está expresamente autorizado está prohibido”, remarca.
Y los ataques ordenados por el Gobierno de Donald Trump a las presuntas narcolanchas –hasta el momento– son un ataque unilateral, sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU ni consentimiento de los Estados afectados.
“No es evidente que quienes van en esas narcolanchas sean combatientes o formen parte del esfuerzo militar de otro Estado”
El experto destaca la necesidad de distinguir entre crimen organizado y conflicto armado.
“No es evidente que quienes van en esas narcolanchas sean combatientes o formen parte del esfuerzo militar de otro Estado. El derecho humanitario se aplica entre beligerantes, y aquí no los hay. Estamos frente a operaciones policiales que se han convertido en bombardeos”, afirma.
El mar –tierra de todos, o de nadie– no puede ser un territorio donde todo vale, resume el profesor. Y la denominada seguridad a la que Donald Trump se refiere apunta presuntamente a la ley del más fuerte.
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