Se “declara no culpable al señor Ricardo Martinelli Berrocal”, por lo que “se levantan las medidas cautelares que pesan en su contra”, anunció Raúl Vergara, uno de los tres jueces del tribunal.

“Lo único que no me violaron fue sexualmente, pero me violaron todo, no se lo deseo a nadie, ni al peor enemigo que pueda tener”, comentó el exmandatario.

Esta fue la primera vez que un expresidente panameño enfrentó un proceso penal. Martinelli era juzgado desde el 12 de marzo por presuntamente chuzar las comunicaciones de unos 150 opositores a su gobierno entre 2012 y 2014.

Por cuatro delitos la fiscalía había pedido 21 años de prisión contra el exgobernante: cuatro por interceptación de las telecomunicaciones sin autorización judicial y otros cuatro por seguimiento y vigilancia sin permiso de las autoridades competentes. También había solicitado trece años de reclusión por varios tipos de peculado relacionados con el uso y desaparición de equipos de espionaje valorados en 13 millones de dólares.

Sin embargo, el Tribunal estimó que la credibilidad del testigo protegido utilizado por la fiscalía, un miembro del Consejo de Seguridad, estuvo “afectada” por la “parcialidad” de sus declaraciones. Además, el veredicto sostiene que se “vulneraron principios fundamentales del debido proceso”.

Las víctimas y la fiscalía no recibieron bien el desenlace. “Este fallo es histórico, pero histórico de la corrupción. Aquí el que pinchó salió inocente. La justicia nuevamente le falló a este país”, dijo a la AFP Balbina Herrera, excandidata presidencial y querellante.

“Es una cosa triste y una vergüenza nacional. Es una derrota para nuestro sistema de justicia y la señal que estamos mandando a la sociedad y al resto del mundo es muy negativa”, señaló a la AFP, Mitchell Doens, otro de los querellantes.

Dos subalternos del expresidente ya habían sido condenados a cuatro años de cárcel por este caso, mientras que otros dos están desaparecidos.

Martinelli fue extraditado el 11 de junio de 2018, un año después de que fuera detenido en Miami, donde residía desde 2015 eludiendo a la justicia panameña. Pese a las acusaciones, el dirigente siempre se dijo víctima de una “persecución política” de su sucesor.