El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Un proceso judicial relevante para la memoria de Antioquia y el esclarecimiento de la relación entre ciertos sectores empresariales y grupos armados ilegales ha culminado con una condena que rompe décadas de impunidad. Tras casi 30 años de investigaciones inconclusas, la justicia colombiana dictó sentencia contra los empresarios Ronal Palacios Romaña, Saúl Buriticá Cifuentes, Jorge Amézquita García y Juan Guillermo Hernández Truten, antiguos directivos de la firma Maderas del Darién. El juez penal especializado de Medellín acreditó, en primera instancia, su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado, por haber financiado entre 1997 y 1999 al bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar ampliamente conocida por sus actos violentos en ese periodo.
El expediente, ventilado ante la justicia tras investigaciones impulsadas por la Fiscalía General de la Nación, sostiene que los empresarios desviaron entre 20 y 30 millones de pesos colombianos mensuales hacia la estructura paramilitar. La metodología utilizada consistía en camuflar estos dineros como "aportes a la Finca Guamal" en los libros de la compañía, enmascarando las transacciones como gastos corporativos legítimos. Además de los recursos monetarios, Maderas del Darién facilitó a las AUC infraestructura para sus comunicaciones, donando o prestando antenas repetidoras destinadas a los frentes armados.
La investigación tuvo uno de sus momentos clave el 30 de abril de 1998. Aquel día, un grupo de la Dirección de Justicia Transicional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía inspeccionó un parqueadero en Medellín. Allí hallaron documentación e información contable que vinculaba de manera directa a la empresa con la financiación ilegal de los paramilitares en Antioquia. Así quedó certificado en el juicio que culminó con la decisión condenatoria.
La Fiscalía, citada en el comunicado emitido tras el fallo, subrayó que este vínculo no fue accidental ni circunstancial. Por el contrario, existió —según los fiscales y pruebas— un acuerdo económico y funcional de largo plazo. Este entendimiento benefició tanto a la compañía maderera, que aseguraba sus inversiones y operaciones bajo la protección armada que le otorgaba el bloque Elmer Cárdenas en la zona del Chocó y en Antioquia, como al grupo armado, que garantizaba su financiación mediante estos recursos privados.
El Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, según consta en la información judicial de El Espectador, tuvo una influencia significativa desde 1995 en el Urabá antioqueño y el Chocó. Controlaba territorios estratégicos como San Pedro, Necoclí, Uramita, y otras localidades donde la disputa armada era constante, enfrentándose a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. El financiamiento que recibía del sector privado, como el caso de Maderas del Darién, resultó determinante para mantener su estructura y expandir su influencia.
La sentencia marca un hito en la lucha contra la impunidad y la complicidad entre empresarios y organizaciones armadas ilegales, revelando las formas clandestinas en las que sectores privados colaboraban con actores violentos en la región.
¿Qué consecuencias jurídicas puede enfrentar una empresa implicada en la financiación de grupos armados ilegales?
Cuando una empresa es señalada formalmente por la justicia de apoyar económicamente a organizaciones armadas ilegales, como ocurrió en el caso de Maderas del Darién, afronta importantes consecuencias jurídicas. Estas van desde la imposición de penas privativas de la libertad para sus responsables directivos, hasta posibles sanciones pecuniarias, pérdida de contratos y bienes, o la inhabilidad para futuras operaciones legales, dependiendo del alcance de los delitos probados en el proceso judicial.
El asunto cobra relevancia porque la participación empresarial en crímenes de lesa humanidad o en la financiación de estructuras armadas contribuye a la perpetuación del conflicto armado interno, afectando gravemente la convivencia y la justicia. El castigo a estos delitos busca no solo reparar el daño causado, sino también desincentivar el involucramiento del sector privado con grupos al margen de la ley.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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