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Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, cumple ya tres meses privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. La influenciadora y empresaria fue capturada el pasado 27 de enero por orden de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó su responsabilidad en actos vandálicos cometidos durante las protestas del paro nacional de noviembre de 2019.
La situación judicial de Barrera vuelve a ser noticia tras una nueva orden del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas, que decidió iniciar la recolección de pruebas en medio del estudio de una solicitud de detención domiciliaria presentada por su defensa. El juez busca determinar si la creadora de contenido puede acceder al beneficio, amparado en la Ley de Utilidad Pública promovida por el Gobierno de Gustavo Petro.
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Entre las diligencias ordenadas, se le solicitó al Ministerio de Justicia y a la Cámara de Comercio de Bogotá emitir conceptos técnicos sobre la solicitud de Barrera, teniendo en cuenta su condición como empresaria. Así mismo, se pidió al área de asistencia social del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizar una visita sociofamiliar, que permita establecer las condiciones en las que viviría de ser aprobada la detención en su residencia. Una vez recibida la información, se programará la declaración de la sentenciada.
La Corte Suprema sentenció a ‘Epa Colombia’ a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, e instigación a delinquir con fines terroristas. En el fallo se destacó un video publicado por la influenciadora en noviembre de 2019, donde incitaba a la ciudadanía a destruir sedes de entidades públicas y estaciones del sistema TransMilenio como forma de protesta contra el Gobierno Nacional.
Esto dice la defensa de ‘Epa Colombia’
La defensa de Barrera sostiene que, como empresaria que ha generado empleo y desarrollo económico, debería ser tenida en cuenta para acogerse a los beneficios de la legislación que busca promover la resocialización mediante la reinserción laboral. Por ahora, el proceso continúa en etapa probatoria y se espera que en los próximos días haya una decisión de fondo sobre su eventual traslado a casa por cárcel.
La Ley de Utilidad Pública en Colombia (Ley 2292 de 2023) es una medida sustitutiva de la pena de prisión para mujeres cabeza de familia, que les permite cumplir su condena prestando servicios a la comunidad. Esta ley busca aliviar la sobrepoblación carcelaria y brindar una alternativa a la prisión para mujeres en situación de vulnerabilidad.
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