El organismo convocó una mesa interinstitucional para analizar de manera preventiva los posibles impactos jurídicos, económicos y sociales de la iniciativa que impulsa la administración de Gustavo Petro.
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El encuentro, detalla Blu Radio, fue liderado por la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y reunió a entidades del Gobierno como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, además de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Departamento Nacional de Planeación.
A la discusión también asistieron representantes del sector privado como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Asobancaria y Asocajas.
Durante la reunión, el Ministerio Público insistió en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de los proyectos de vivienda que están en marcha. Según la entidad, cualquier modificación normativa debe preservar la estabilidad contractual del sector constructor y la sostenibilidad financiera del sistema de vivienda.
La Procuraduría también advirtió que los cambios regulatorios deben ser coherentes con la legislación vigente y proteger a los hogares beneficiarios de los programas de vivienda de interés social, precisa el medio radial.
Como resultado del encuentro, las entidades acordaron avanzar en mesas técnicas especializadas que permitan profundizar en el análisis del proyecto y evaluar alternativas regulatorias que eviten riesgos jurídicos, económicos o sociales.
Qué propone el nuevo decreto del Gobierno
El proyecto de decreto del Gobierno busca cambiar la forma en que se comercializan las viviendas de interés social en el país. Actualmente, estos inmuebles se venden con precios expresados en salarios mínimos, lo que hace que su valor aumente automáticamente cada vez que sube el salario mínimo.
La propuesta plantea que las viviendas de interés social y prioritario pasen a tener un precio fijo en pesos desde el momento en que el comprador se vincule al negocio.
Esto implica que los constructores y vendedores deberán informar el valor total de la vivienda en pesos colombianos desde las primeras etapas del proceso de compra, que incluyen:
- Separación de la vivienda
- Promesa de compraventa
- Encargo fiduciario
- Opción de compra
- Cualquier documento equivalente
El precio deberá comunicarse de forma clara, expresa y verificable, y se convertirá en el único valor exigible durante todo el proceso contractual. De esta manera, no podría modificarse posteriormente por cambios en el salario mínimo.
Aunque el precio quedaría fijado en pesos, el decreto mantendría como referencia los límites actuales establecidos en salarios mínimos para determinar el valor máximo permitido de estas viviendas.
Los topes serían:
- Vivienda de Interés Social (VIS): hasta 135 salarios mínimos.
- Vivienda de Interés Prioritario (VIP): hasta 90 salarios mínimos.
- En el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el límite de la VIS rural sería de hasta 280 salarios mínimos.
Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.
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