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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Jul 2, 2026 - 5:43 am

Bogotá enfrenta una crisis estructural que avanza de forma silenciosa pero devastadora en sus periferias. Un reciente y detallado informe del Departamento de Estudios Económicos e Información de Camacol Bogotá & Cundinamarca puso el dedo en la llaga sobre un problema histórico de planeación urbana: el 22 % de los hogares capitalinos habita en manzanas de origen informal. Lo grave no es solo la precariedad o el riesgo ambiental en el que viven miles de familias en localidades como Bosa, Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, sino el colosal desbalance fiscal que esto genera para las finanzas del Distrito, obligando al resto de la ciudad a subsidiar la infraestructura básica de estas zonas, según informó Portafolio.

El panorama empeora al descubrir que este fenómeno está lejos de ser una solución de vivienda espontánea por necesidad; es un millonario mercado paralelo cooptado por mafias de ilegalidad que desangran el bolsillo de los más vulnerables, de acuerdo con el rotativo.

El crecimiento descontrolado de predios sin licencia ha generado una brecha gigantesca entre el espacio que ocupan estas viviendas y lo que realmente le tributan a la ciudad en impuestos prediales para sostener su propia infraestructura.

Indicador de Vivienda en Bogotá Manzanas de Origen Informal Resto de la Ciudad (Formal)
Porcentaje de hogares que ocupan 22% (554.000 hogares) 78% del total residencial
Aporte al valor catastral total 3.9% ($32,3 billones de pesos) 96,1% ($787,7 billones de pesos)
Manzanas residenciales representadas 12.324 manzanas 25.676 manzanas
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“Nos toca a nosotros o a todo el resto de la ciudad, como es natural, compensar la necesidad de infraestructura… Esa zona roja solamente le aporta impuestos prediales a la ciudad un 4%, mientras ocupa el 22%”, advirtió Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá & Cundinamarca.

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Atender la informalidad ya consolidada con Transmicables, parques y acueductos le cuesta al Distrito $22 millones por beneficiario, mientras que los programas preventivos de adquisición de vivienda formal nueva solo requieren $13 millones por hogar. Es decir, apagar el incendio de la informalidad es 1,7 veces más costoso que prevenirlo.

El estudio de Camacol tumba el mito de que las familias llegan a las zonas de invasión de forma gratuita. El mercado del arriendo ilegal es un motor financiero subterráneo gigantesco controlado por redes criminales de tierreros que se apropian de terrenos, construyen sin control estructural y luego extorsionan económicamente a los inquilinos.

  • El volumen del mercado: Hay 766.000 hogares en la informalidad pagando arriendo.
  • Dinero movilizado: Las mafias mueven 5,7 billones de pesos al año en este circuito ilegal.
  • Golpe al bolsillo: El arriendo promedio ronda los $620.000 mensuales, absorbiendo entre el 33% y el 40% del ingreso total de las familias vulnerables.

La gran revelación del gremio de la construcción es que, con una adecuada articulación de subsidios, el 70 % de las familias que hoy enriquecen a las mafias del arriendo informal (unas 535.000 familias) podrían estar pagando la cuota inicial y el crédito de su propia casa formal.

Camacol estructuró un modelo financiero viable utilizando los subsidios vigentes del Distrito y las cajas de compensación:

  • Valor de una Vivienda de Interés Prioritario (VIP): $117 millones (90 SMMLV).
  • Cuota inicial requerida (10%): $11,7 millones de ahorro programado.
  • Subsidios cruzados (Oferta Preferente + Caja): $65 millones en total.
  • Crédito hipotecario remanente: $40,3 millones (a 15 años con tasa del 13% EA).
  • Cuota mensual final de propiedad formal: $491.061.

Este valor es sustancialmente inferior a los $620.000 que los hogares gastan actualmente en un arriendo informal y sin escrituras en las laderas de la ciudad.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.

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