Arrendar una vivienda en Colombia implica riesgos legales que muchos propietarios desconocen. Más allá del incumplimiento en el pago del canon, el mayor peligro surge cuando el inmueble termina vinculado a actividades delictivas.
(Vea también: Arrendadores podrían pagar millonaria multa si incumplen punto clave sobre cobro a inquilinos)
Esa situación puede desembocar en la extinción de dominio, incluso si el dueño no participa en los hechos o no tiene conocimiento de los mismos. Se trata de una figura jurídica que permite al Estado colombiano quitar la propiedad de un bien en ocasiones específicas.
Este procedimiento no depende de una condena penal previa contra el propietario y se fundamenta en el uso indebido del inmueble, no en la conducta personal del arrendador.
¿Cuáles son las causales de extinción de dominio en Colombia?
Entre las causales que pueden activar este proceso se encuentran delitos como narcotráfico, lavado de activos, microtráfico, trata de personas, almacenamiento de armas, explotación sexual y organizaciones criminales que operen desde la vivienda.
Si las autoridades prueban que el inmueble sirvió como instrumento o escenario de estos hechos, el bien puede pasar a manos del Estado. La Fiscalía es la encargada de indicar el proceso y luego el bien puede quedar en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La normativa establece que el propietario tiene el deber de ejercer control y vigilancia razonable sobre el uso del inmueble. La falta de supervisión, la omisión prolongada o la indiferencia frente a señales de actividades ilegales pueden debilitar su defensa dentro del proceso judicial. Alegar desconocimiento no siempre resulta suficiente para conservar la propiedad.
A diferencia de los procesos civiles de restitución por incumplimiento contractual, la extinción de dominio avanza por la vía judicial especializada y puede concluir con la pérdida definitiva del apartamento o la casa, sin compensación económica para el dueño.
Por esta razón, las autoridades recomiendan a los arrendadores verificar la identidad del inquilino, formalizar el contrato por escrito, exigir referencias confiables y mantenerse atentos al uso real del inmueble. Estas medidas no eliminan el riesgo por completo, pero fortalecen la posición del propietario ante una eventual investigación.
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