En virtud de la normativa que rige la propiedad de viviendas en Colombia, la posesión de escrituras ya no es suficiente para que los propietarios puedan restringir a los inquilinos en casos de desalojo o para demostrar legalmente que son los dueños.
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Se trata de un procedimiento formal que asegura la seguridad jurídica del bien inmueble. Los propietarios deben cumplir con un trámite adicional consistente en la autenticación del contrato de arrendamiento ante una notaría y registrar las escrituras ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
La medida busca evitar abusos por parte de inquilinos y proteger a los propietarios frente a incumplimientos. Este requisito judicial se establece con el fin de promover una mayor formalidad en los contratos de arrendamiento y asegurar tanto los derechos del arrendador como los del arrendatario.
¿Por qué hay que registrar las escrituras en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos?
En este sentido, inmobiliarias como Unisa explican por qué no es suficiente poseer las escrituras de un predio, sino que es necesario garantizar un proceso denominado tradición.
“En nuestro ordenamiento jurídico, los contratos formales, como la transacción de bienes raíces, están compuestos de dos actos: el título que se plasma en la escritura pública, y el modo, que es la tradición, de tal suerte que el comprador del bien raíz adquiere la propiedad jurídica del predio a partir del registro de su escritura”, indicó la citada compañía, según recogió Red+ Noticias.
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En el marco más amplio de regulaciones y programas de vivienda en Colombia en 2025, se observa un reforzamiento de los requisitos y procedimientos para formalizar propiedades. También se han implementado reglas más estrictas para acceder a subsidios como Mi Casa Ya, que exige contar con escritura, crédito aprobado y clasificación en el Sisbén, entre otros parámetros.
La normativa impulsa un método adicional de registro de la escritura para ofrecer una protección jurídica más robusta a los propietarios frente a los inquilinos. Este proceso busca garantizar que los contratos estén debidamente registrados y puedan verificarse con facilidad.
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