Noticias de Manizales y Caldas: todo en actualidad, investigación, deportes, vías y noticias de la región en La Patria.
La reciente actuación de las autoridades judiciales en la ciudad de Manizales ha derivado en un hecho relevante para la seguridad ciudadana del sector de Comuneros. Tras una meticulosa investigación por parte de funcionarios de la Policía Judicial, se determinó que un inmueble ubicado en la carrera 8 B con calle 51 había sido empleado en reiteradas ocasiones para la venta y almacenamiento de sustancias ilícitas. Según la misma entidad, este lugar ya había sido allanado en dos ocasiones anteriores bajo la sospecha del delito de tráfico de estupefacientes, consolidándose como un punto crítico que atentaba contra la tranquilidad y convivencia de quienes residen en el área.
El operativo, basado en labores técnicas, operativas y jurídicas, permitió que, en las últimas horas, se concretara una medida cautelar sobre el inmueble: ocupación, embargo y suspensión del poder de disposición, con miras a la extinción de dominio. Tal acción fue confirmada por la Policía, que destacó el trabajo consolidado entre las diferentes ramas judiciales como clave para el desarrollo exitoso del procedimiento. El predio intervenido quedó bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de custodiar y manejar los bienes incautados en procesos legales de este tipo.
El impacto de esta medida fue subrayado por el coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales. Según el oficial, el decomiso del inmueble representa un golpe a las finanzas ligadas al tráfico local de drogas y contribuye de forma significativa a debilitar las economías delincuenciales que afectan tanto a los habitantes de Manizales como a los de la vecina localidad de Villamaría. Así, la acción policial no solo tiene un efecto inmediato sobre el flujo de estupefacientes, sino que aspira a restablecer el orden en barrios afectados por el crimen organizado.
La SAE precisó el trasfondo legal sobre la extinción de dominio, respaldándose en el artículo 15 de la Ley 1708 de 2014. Este instrumento jurídico define el proceso de extinción como una consecuencia patrimonial derivada de actividades ilícitas o que impactan negativamente la moral social, transfiriendo la titularidad de los bienes al Estado tras el fallo judicial correspondiente. Durante el transcurso del proceso, la Fiscalía puede imponer medidas cautelares —como la incautación— en caso de probarse el vínculo del bien con actividades delictivas, evitando así su pérdida, daño o circulación ilícita.
Una vez decretadas, estas acciones limitan la disponibilidad del propietario y asignan la gestión del bien al Estado hasta la resolución del proceso, que podría culminar en la pérdida definitiva del derecho de dominio o la devolución al legítimo titular si se demuestra su buena fe. La SAE actúa a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), un fondo especial que maneja todos los bienes afectados por medidas cautelares y extinciones de dominio, asegurando una administración transparente y conforme a la ley.
¿Qué pasa con los bienes administrados por la SAE mientras se resuelve el proceso?
La inquietud acerca del manejo de los bienes ocupados o embargados en procesos de extinción de dominio ha cobrado importancia por las consecuencias sociales y legales que genera. Según lo que explicó la Sociedad de Activos Especiales, estos inmuebles son gestionados por la entidad de manera temporal, garantizando su conservación y evitando que sean utilizados nuevamente para fines ilícitos mientras la justicia define su futuro.
La administración se mantiene hasta que haya un fallo definitivo: si se decreta la extinción de dominio, los bienes pasan al Estado para fines sociales; si, por el contrario, se demuestra la legítima procedencia, se restituyen a sus propietarios originales. Así, la gestión de la SAE se presenta como un mecanismo clave para la salvaguarda de la propiedad pública e individual frente a delitos que comprometen la seguridad y moral social.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO