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Este artículo fue curado por Oskar Ortiz   Feb 26, 2026 - 3:49 pm
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Pagar la cuota de administración en los conjuntos residenciales suele implicar transferencias manuales, consignaciones o el registro de tarjetas en plataformas donde muchos residentes temen dejar sus datos financieros.

Ese temor, respaldado por el aumento de fraudes digitales en el país, comienza a encontrar una alternativa concreta: la tokenización aplicada a pagos recurrentes en propiedad horizontal.

Hoy, los conjuntos residenciales en Colombia pueden recibir pagos de administración sin almacenar ni procesar directamente los datos reales de las tarjetas de crédito o débito de los copropietarios.

El mecanismo reemplaza la información sensible por códigos únicos (tokens), que permiten autorizar transacciones sin exponer los datos financieros del usuario.

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La innovación no es menor si se considera la dimensión del sector. De acuerdo con la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en Colombia, miles de edificios y conjuntos residenciales en el país operan bajo este esquema, concentrando millones de pagos mensuales por concepto de administración, servicios comunes, mantenimiento y fondos de reserva. La estabilidad en el recaudo es clave para la sostenibilidad financiera de estas copropiedades.

¿Qué cambia en el pago de administración de conjuntos?

La tokenización elimina el principal punto de fricción: entregar repetidamente los datos de la tarjeta o permitir que la administración los almacene.

A diferencia de la encriptación tradicional —donde la información puede ser revertida con determinadas llaves— la tokenización sustituye los datos por un identificador que no contiene información explotable.

En la práctica, el residente registra su tarjeta en un entorno seguro administrado por la red de pagos y, desde ese momento, las transacciones recurrentes se ejecutan mediante el token. La administración nunca tiene acceso al número real del plástico.

Juan David Rúa, CEO de ePayco, explica que el modelo funciona al ingresar la información en un entorno seguro administrado por la red Visa, donde los datos se sustituyen por un código o “token”.

“Este identificador no contiene información explotable y es el que se utiliza para completar la transacción. Debido a ello, los usuarios de la plataforma de pagos experimentan un proceso más ágil, confiable y transparente, pues al evitar el reingreso repetido de datos, la fricción en el pago se reduce, lo que se traduce en una mayor tasa de transacciones exitosas”, afirma.

El crecimiento global de esta tecnología respalda su adopción. Según Fortune Business Insights, el mercado de tokenización alcanzaría una valoración de US$ 3.950 millones en 2025 y escalaría hasta US$12.830 millones en 2032, con una tasa de crecimiento anual del 18,3 %

En América Latina, Visa reportó que la adopción del servicio de tokens impulsó pagos superiores a US$3.500 millones durante 2024, alcanzando el hito de 1.000 millones de códigos emitidos en la región. Estas cifras evidencian que no se trata de una solución experimental, sino de una infraestructura ya integrada al ecosistema financiero.

Para los conjuntos residenciales, donde el recaudo mensual puede involucrar cientos o miles de unidades, la eficiencia en la autorización de pagos reduce la morosidad y mejora la planeación financiera.

Al disminuir errores asociados al procesamiento manual y evitar rechazos por digitación incorrecta, el flujo de caja se vuelve más predecible.

“La adopción de tokenización es alta en los modelos de negocio que requieren recurrencia y estabilidad, y continúa creciendo como estándar dentro del ecosistema de ePayco”, señala Rúa.

Esto significa menos costos asociados a infraestructura de seguridad, menor riesgo reputacional y una operación más alineada con las mejores prácticas globales de la red Visa y del ecosistema financiero internacional.

Más allá de la comodidad, la adopción de esta tecnología puede traducirse en mayores tasas de aprobación, reducción de intentos de fraude y mayor consistencia en los cobros.

Para el ciudadano, representa tranquilidad al no exponer su información financiera; para las administraciones, una herramienta que fortalece la sostenibilidad operativa.

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El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.

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