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Jhovanny Marín Aguirre, abogado originario de Manizales, fue protagonista de un escandaloso caso de estafa en masa y maltrato animal que ha dejado atónita a la comunidad. Su historia ganó notoriedad después de que un juzgado de la ciudad lo condenara a 14 años, 4 meses y 13 días de prisión, junto con una multa equivalente a 2.059 salarios mínimos legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v.), aunque la sentencia aún no está en firme por encontrarse en proceso de apelación, según el reporte publicado por La Patria. El caso no se limitó al ámbito financiero: Marín Aguirre también enfrenta acusaciones por maltrato animal en Filadelfia, tras descubrirse que mantenía 14 equinos y dos ovinos en condiciones deplorables, desnutridos y sin acceso adecuado a comida ni agua. La situación fue confirmada por la Alcaldía de Neira y el testimonio de un veterinario municipal, quien detalló el estado crítico de los animales, incluyendo la muerte de uno de ellos por desnutrición extrema durante su estadía en el Coso Municipal.
En el proceso judicial que inició en septiembre, el panorama resultó aún más sombrío al conocerse que Marín Aguirre, además de las investigaciones por maltrato animal, ya contaba con una sentencia de tres años de prisión por aprovechamiento ilícito de recursos naturales. Las víctimas descritas en la audiencia relataron cómo el abogado, con gran capacidad de persuasión y aprovechando sus vínculos personales, ofrecía supuestos inmuebles y vehículos en remate judicial, prometiendo gestionar todo el trámite necesario ante autoridades como los juzgados y la oficina de ejecución civil en Manizales.
El esquema, iniciado en 2018, consistía en ofrecer bienes en remate, logrando que las personas interesadas le entregaran importantes sumas de dinero con la esperanza de acceder a viviendas, fincas o incluso automóviles a precios bajos. Según el registro de la audiencia citado por La Patria, desde el momento en que las víctimas entregaban el dinero, iniciaban las evasivas, los retrasos y los engaños, manteniéndolas bajo falsas promesas durante años. Las denuncias detallan pagos que sumaron hasta 267 millones de pesos, entre las que sobresalen casos como el de Sandra Milena y Lina Marcela, quienes entregaron decenas de millones para acceder a casas que nunca estuvieron en remate.
Marín Aguirre sustentaba sus ofrecimientos en un supuesto grupo de abogados y conexiones en los juzgados, llegando incluso a impedir que los compradores inspeccionaran los bienes antes de concretar las transacciones. Usaba excusas recurrentes, como fallos en la consignación de dinero o cancelaciones de última hora en las supuestas audiencias de remate, para prolongar el engaño. La investigación estableció que el acusado no tenía ninguna propiedad registrada a su nombre, ni realizó los depósitos requeridos para participar realmente en remates judiciales.
Ante estos hechos, el juzgado ordenó su captura y enfatizó la gravedad de la estafa, que pisoteó los sueños y los ahorros de las víctimas, muchas de las cuales buscaban la posibilidad de vivienda propia. La Fiscalía solicitó una de las penas más altas por la magnitud del daño provocado y la falta de reparación a los afectados.
Para protegerse de este tipo de engaños, las autoridades recomiendan verificar el origen oficial de las ofertas inmobiliarias o vehiculares, no dejarse presionar por propuestas que exigen pagos urgentes, y exigir siempre la confirmación judicial de cada proceso o remate. Desconfiar de quienes solicitan información sensible por medios informales y revisar los certificados oficiales de los bienes aparecen como medidas clave para prevenir fraudes similares.
¿En qué consiste el remate judicial y cuáles son sus riesgos? Comprender el funcionamiento de los remates judiciales resulta fundamental para quienes buscan oportunidades de adquirir bienes a precios reducidos. Un remate judicial es una subasta pública ordenada por un juzgado en la que se venden bienes para cubrir deudas. El proceso debe estar debidamente registrado y ser transparente, permitiendo a los oferentes revisar previamente el estado del bien. Casos como el de Marín Aguirre evidencian los riesgos de confiar en intermediarios que prometen atajos o privilegios fuera del proceso legal, ya que pueden estar disfrazando estafas bajo la apariencia de formalidad. Verificar la información en los expedientes judiciales y acudir a fuentes oficiales protege a los compradores de ser víctimas de prácticas fraudulentas que destruyen proyectos de vida y patrimonio.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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