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El asentamiento informal ubicado en la margen derecha del río Guatapurí ha experimentado un crecimiento significativo en condiciones precarias. De acuerdo con información recogida por EL PILÓN, en este lugar predominan viviendas construidas sin acceso a alcantarillado, con conexiones irregulares a la energía eléctrica y una acumulación visible de residuos cerca del río, lo que evidencia la falta de servicios públicos básicos. Recientemente, este sector cobró relevancia cuando habitantes del barrio Nueve de Marzo manifestaron su inconformidad durante un evento encabezado por el ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, quien formalizaba la viabilidad técnica para la construcción del Malecón del río Guatapurí.
La molestia de la comunidad radica en las propuestas de indemnización para quienes deberán desalojar sus viviendas, debido a la ejecución de la Avenida del río Guatapurí y el malecón, en predios que pertenecen al Estado. Los residentes expresan que las sumas ofrecidas, en algunos casos de cinco o diez millones de pesos, no compensan el esfuerzo invertido ni la situación de personas vulnerables, como familias con niños, mujeres cabeza de hogar y personas con discapacidad. “Tanto que se esforzó mi padrastro, que es una persona con discapacidad, para levantar su casa, para que ahora nos vengan a sacar como a perros y nos dejen en la nada. Somos seres humanos”, manifestó uno de los afectados, según el citado medio.
Pese a estos reclamos, las autoridades insisten en que el impacto estará focalizado. Jorge Maestre, secretario de Infraestructura del Cesar, en diálogo con EL PILÓN, señaló que menos del 10 % de los habitantes se verán directamente impactados, ya que solo serán intervenidas las viviendas sobre la proyección de la vía, los nodos del malecón y aquellas asentadas en el lecho del río. La indemnización se regirá, según Maestre, por la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), realizando avalúos comerciales de las “mejoras”, es decir, el pago por la construcción física y no por el terreno, ya que estos lotes son públicos o de protección ambiental.
La construcción de la nueva avenida, con una inversión cercana a los 180.000 millones de pesos y cerca del 50 % de avance, se prevé que permitirá, tras su entrega, retirar la declaración de “amenaza alta por inundación” gracias a la elevación de la vía, que actúa como un dique. Una vez cumplido ese requisito, la alcaldía podrá avanzar en la legalización urbanística del sector y habilitar el acceso formal a servicios públicos, de acuerdo con la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cómo se determina el valor de la indemnización por desalojo en áreas de asentamiento informal?
La indemnización a quienes deben desocupar viviendas en zonas invasivas se basa en la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), según información de EL PILÓN. La ley ordena avalúos precisos para reconocer únicamente el valor de las construcciones físicas o “mejoras”, y no por el terreno, ya que estos lotes son de propiedad pública o ambiental. El cálculo económico corresponde a elementos como paredes, techos y acabados existentes, no a la tierra.
¿Qué es una “amenaza alta por inundación” y cómo afecta la legalización de barrios?
De acuerdo con datos de la Gobernación del Cesar, la “amenaza alta por inundación” es una condición legal que impide regularizar barrios en zonas propensas a crecidas de ríos. Mientras esté vigente, la administración municipal no puede legalizar urbanísticamente los asentamientos ni permitir la inversión en servicios públicos. Solo tras eliminar este riesgo, se puede avanzar en la formalización de los barrios y habilitar infraestructura de acueducto, gas y energía.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.
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