Escrito por:  Redacción Economía
Ago 4, 2025 - 8:01 am

En Colombia, la Ley 675 de 2001 regula la vida en conjuntos residenciales bajo el régimen de propiedad horizontal, estableciendo normas claras para la convivencia.

Una práctica común que es sancionada es la colocación de materas o plantas en zonas comunes o exteriores de las viviendas, como pasillos, balcones, escaleras y zonas verdes. Aunque muchos la consideraban inofensiva, la ley la prohíbe porque altera la fachada de los bienes comunes y puede representar riesgos para los residentes, como caídas o accidentes.

(Vea tambiénSubsidio de más de $ 40 millones al que pueden acceder colombianos para comprar vivienda).

Tenga en cuenta que las multas por violar las leyes de propiedad horizontal en Colombia van desde 1 hasta 10 veces el valor de un mes de administración en el edificio o conjunto residencial.

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Además, la normativa prohíbe dejar bicicletas, muebles u objetos personales en áreas comunes, fumar en zonas no autorizadas, y transitar con motos, bicicletas o patinetas por espacios peatonales.

También se impide jugar con balones, reunirse o realizar reparaciones en los parqueaderos, así como usarlos como depósitos, ya que esto puede generar accidentes o incendios.

El cumplimiento de estas normas es obligatorio tanto para propietarios como para arrendatarios. La falta de acatamiento puede acarrear sanciones legales y administrativas.

Estas medidas buscan mantener la seguridad, el orden y la buena convivencia en las comunidades residenciales, en las que viven millones de colombianos bajo este modelo de organización urbana.

Qué dice la ley de propiedad horizontal en Colombia y por qué es importante

La Ley de Propiedad Horizontal en Colombia, establecida mediante la Ley 675 de 2001, regula la forma en que se organizan, administran y conviven las personas que residen en edificios o conjuntos residenciales donde coexisten propiedades privadas con zonas comunes.

Esta norma surge como respuesta al crecimiento urbano y a la necesidad de establecer reglas claras para la convivencia armónica entre múltiples propietarios dentro de un mismo inmueble o conjunto. La ley define lo que se entiende por propiedad horizontal: un régimen legal que combina el dominio individual sobre un bien privado (como un apartamento) con la copropiedad sobre bienes comunes (como pasillos, ascensores, parqueaderos, zonas verdes, entre otros).

Uno de los pilares de la ley es que todos los residentes, ya sean propietarios o arrendatarios, están obligados a cumplir el reglamento de propiedad horizontal, el cual contiene las normas internas específicas de cada conjunto. Este reglamento debe estar registrado ante una notaría y forma parte de los documentos legales del inmueble.

Allí se establecen derechos y deberes de los copropietarios, normas sobre uso de las áreas comunes, cuotas de administración, horarios de uso de espacios compartidos, y sanciones en caso de incumplimiento. La asamblea de copropietarios, que se reúne al menos una vez al año, es la máxima autoridad dentro del conjunto y toma decisiones importantes como el presupuesto anual, elección del administrador y temas relacionados con obras o inversiones.

La administración de la copropiedad recae en un administrador, quien actúa como representante legal del conjunto y debe velar por el cumplimiento de las normas, la correcta ejecución del presupuesto, el mantenimiento de las zonas comunes y la convivencia. Puede ser una persona natural o jurídica contratada por la asamblea. Además, algunos conjuntos cuentan con un consejo de administración que apoya la gestión del administrador, revisa sus decisiones y representa a los propietarios entre asambleas.

La ley también contempla mecanismos de resolución de conflictos internos, que pueden ir desde llamados de atención hasta sanciones económicas. Asimismo, establece que los residentes no pueden modificar elementos estructurales o visuales de las zonas comunes, como fachadas o balcones, sin autorización de la asamblea.

La Ley 675 busca garantizar la armonía, la seguridad y el buen funcionamiento de las comunidades que viven bajo el régimen de propiedad horizontal, fomentando la participación activa de los propietarios en la gestión del conjunto y protegiendo tanto el bien individual como el colectivo.

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