La empresa destacó a través de un comunicado que la medida de la Superintendencia de Industria y Comercio, además de ser arbitraria, va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, ya que, según ellos, viola el debido proceso y derechos constitucionales.

Por esta razón, apeló inmediatamente este fallo y está utilizando todos los recursos legales para defender a los más de 2 millones de usuarios con lo que cuenta actualmente, de elegir cómo se mueven por las ciudades.

Además, la oportunidad de empleo y de generación de ganancias adicionales de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación para el sustento de sus familias.

“Uber respeta la ley y las decisiones emitidas por las autoridades. Sin embargo, decisiones como esta, responden también a la ausencia de una reglamentación del servicio de movilidad colaborativa a través de plataformas tecnológicas en Colombia”, indica el comunicado.

Además, recordó que fue la primera compañía en ofrecer a los colombianos una alternativa de movilidad “innovadora y confiable”.

“Hoy, seis años después, Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”, enfatizó Uber.