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El borrador de decreto que propone el traslado de aproximadamente 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones ha desencadenado una oleada de cuestionamientos y reacciones diversas en la opinión pública y el sector económico nacional. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), es una de las voces más críticas frente a la posible medida, y desde esa posición ha abordado sus posibles consecuencias desde los ámbitos financiero, legal y político.
De acuerdo con Mac Master, uno de los principales puntos de preocupación reside en el impacto inmediato que podría acarrear la venta acelerada de activos por parte de los fondos privados para poder cumplir con la transferencia. Según expuso, la mayoría de estas inversiones corresponden a títulos de deuda pública colombiana. Ante este panorama, alertó que la necesidad de vender grandes volúmenes de estos activos, en poco tiempo y bajo presión, podría llevar a un desplome en su precio. Esto, a juicio del presidente de la ANDI, no solo afectaría la valorización de dichos títulos, sino que, en consecuencia, provocaría el aumento de las tasas de interés.
El incremento de las tasas tendría impactos directos sobre la economía nacional, especialmente en cuanto al costo del endeudamiento público. Como explicó el dirigente gremial, “el efecto será un incremento en la tasa que tendrá que pagar la Nación, aumentando el costo financiero de la deuda colombiana y que ya se consume más del 25% del presupuesto nacional”. Estas declaraciones, citadas en medios económicos nacionales, ponen de manifiesto la dimensión de la preocupación empresarial sobre el manejo de recursos pensionales y su incidencia en las finanzas del país.
Mac Master, además de los cuestionamientos económicos, también puso en discusión los alcances legales y políticos de la decisión. Preguntó abiertamente por el destino de los 25 billones de pesos que dejarían de transferirse a Colpensiones y cuestionó si el Gobierno posee la legitimidad suficiente para determinar este traslado “a nombre de todos los colombianos”. Asimismo, aludió a la coyuntura electoral y destacó la posible contradicción de la medida frente a marcos normativos existentes como la Ley 2381 de 2024 o el auto 481 de 2025 de la Corte Constitucional.
Las advertencias de la ANDI se suman a las ya planteadas por gremios como Asofondos y por figuras como el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo. Dichas voces han manifestado reiteradamente su inquietud respecto a que un movimiento de esta magnitud podría transformar los ahorros pensionales en una fuente de financiación del gasto público, con riesgos latentes para el sistema. Frente a estos reparos, el Gobierno ha defendido la medida insistiendo en que responde a decisiones de los mismos afiliados y que tiene como objetivo mejorar las condiciones para los pensionados.
¿Qué efectos tendría para los trabajadores el traslado masivo de recursos de pensiones?
La pregunta sobre el impacto directo en los trabajadores surge como una de las principales inquietudes en el debate sobre el traspaso de fondos de pensiones hacia Colpensiones. Mientras las discusiones instituyen un enfoque eminentemente macroeconómico y legal, los trabajadores buscan certezas sobre la seguridad de su ahorro y las garantías de su bienestar futuro.
La importancia de esta interrogante radica en las implicaciones individuales que pueden derivarse del proceso, como la rentabilidad de los ahorros, la estabilidad de las pensiones prometidas, y la transparencia sobre las características del nuevo esquema. Ante la complejidad financiera y normativa, resulta crucial que los trabajadores reciban información clara sobre cómo los posibles cambios podrían afectar sus expectativas de retiro y condiciones de vida.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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