Julián Domínguez Rivera, quien estuvo 14 años al frente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), presentó su renuncia este miércoles 27 de agosto en medio de una reunión de la junta directiva. La decisión fue aceptada de manera unánime por los miembros de ese organismo.
El movimiento causó sorpresa en el sector empresarial, aunque se dio en un contexto particular: apenas dos días antes, la Superintendencia de Sociedades había expedido una resolución en la que decidió no archivar la investigación administrativa contra Confecámaras.
La salida de Domínguez se dio, entonces, en un momento clave, pues el gremio enfrenta cuestionamientos por el manejo de recursos públicos provenientes del Registro de Garantías Mobiliarias, que suman cerca de 18.000 millones de pesos anuales, recoge Semana, que cita a la Superintendencia de Sociedades y la Contraloría .
La investigación de la Supersociedades
El documento de la Superintendencia, fechado el 25 de agosto, concluyó que la información entregada por Confecámaras era incompleta y ordenó a la entidad aportar más soportes.
“Ordenar a la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio rendir las explicaciones y aportar la documentación requerida en un plazo de diez (10) hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo”, señala la resolución citada por esa revista.
En la revisión, la entidad encontró que los 938 folios enviados por Confecámaras no cumplían con lo solicitado. Por eso, exigió entregar copia del contrato con el revisor fiscal, los estados financieros de 2024 y el dictamen correspondiente.
El anuncio fue interpretado como una señal de que el caso seguirá bajo lupa y que el gremio deberá responder con mayor detalle sobre el manejo de los recursos que, de acuerdo con la Supersociedades y la Contraloría, son de carácter público.
Contraloría también entra a revisar el caso
De manera paralela, la Contraloría General de la República incluyó recientemente a Confecámaras en la lista de entidades sujetas a control fiscal. A través de la Resolución 0150 de julio de 2025, la entidad determinó que los fondos recaudados por el Registro de Garantías Mobiliarias son de naturaleza pública.
Esto implica que, además de la Supersociedades, ahora el gremio deberá rendir cuentas ante los órganos de control fiscal del Estado.
No obstante, cuando se conocieron las primeras indagaciones, Confecámaras había asegurado que no era objeto de vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.
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