La Superintendencia de Sociedades argumenta en su decisión una presunta infracción al régimen de matrices y subordinadas respecto de las sociedades colombianas que forman parte del “Grupo Prosegur”.

El pliego de cargos formulado es en contra de la señora Helena Irene Revoredo Delvecchio, actual presidenta de Prosegur, a quien señalan por no haber realizado de forma adecuada y completa la revelación del grupo empresarial “Grupo Prosegur”, “en el registro mercantil de las catorce (14) sociedades colombianas que se encuentra vinculadas a la mencionada organización multinacional, junto con otras compañías extranjeras, especialmente, domiciliadas en España”.

Según detalla la Supersociedades, presuntamente hay varias sociedades en el exterior a través de las cuales la señora Revoredo Delvecchio controla las siguientes empresas en Colombia:

  • Corresponsales Colombia S.A.S.
  • Inversiones BIV S.A.S.
  • Prosegur Tecnología S.A.S.
  • Prosegur Sistemas Electrónicos S.A.S.
  • Prosegur Gestión de Activos de Colombia S.A.S.
  • Prosegur Ciberseguridad S.A.S.
  • Prosegur Seguridad Electrónica S.A.S.
  • Servimax Servicios Generales S.A.S.
  • Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.,
  • Dinero Gelt S.A.S.
  • Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A.
  • Compañía Colombiana de Seguridad Transbank Ltda.
  • Procesos Técnicos de Seguridad y Valores S.A.S.
  • Prosegur Procesos S.A.S.

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Para el ente regulador, la mencionada señora “debió revelar en el registro mercantil de las compañías colombianas, su vinculación al conglomerado que presuntamente involucra a treinta (30) entidades, tan solo en Colombia y España”.

“La revelación de las situaciones de control y/o de grupo empresarial es de interés público, por cuanto existe un riesgo para las diferentes personas que interactúan con las empresas, cuando no se conoce la identidad de las verdaderas matrices o controlantes y de todas las entidades vinculadas”, explicó el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.

También detalló que la publicidad de las estructuras de control y de los grupos empresariales “puede resultar fundamental para las autoridades correspondientes, al analizar potenciales conflictos de intereses de los administradores sociales, la realidad de las operaciones entre vinculadas, la consolidación de estados financieros, la evaluación de riesgos y los efectos en casos de insolvencia”.

La entidad también aclaró que la persona investigada podrá acudir a su derecho de defensa dentro de los términos que establece la ley.