La Supersociedades informó este viernes que en el segundo semestre de 2022 se iniciaron cuatro procesos de intervención judicial por captación ilegal de recursos del público. Esto, sobre sociedades que desarrollaban actividades relacionadas con la prestación de servicios inmobiliarios y de construcción de proyectos de vivienda.

“En su mayoría, estas sociedades han operado en los municipios de Duitama, Sogamoso y Tunja del departamento de Boyacá, y en el municipio de Fusagasugá en el departamento de Cundinamarca”, informó el ente regulador.

Según detalla la Supersociedades, los esquemas de captación que se han identificado están relacionados con la oferta al público de rendimientos financieros sobre recursos entregados a través de la celebración de diferentes modalidades contractuales, en su mayoría, denominadas como “Inversión de capital”, “préstamos de capital” y “Anticresis de apartamento”, entre otros.

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Con base en las investigaciones, el ente regulador también detalló que se estableció las sociedades intervenidas, mediante fachadas, recibían dinero del público sin entregar una contraprestación real o la prestación de algún tipo servicio.

Es importante indicar que a la fecha en tres de estos procesos se han reconocido 1.117 afectados por la suma de $22.806.363.400 millones de pesos, en los términos del artículo 10 del Decreto Legislativo 4334 de 2008”, advirtió la entidad.

En su alerta, la Supersociedades también enfatiza en que hay más casos de captación ilegal de recursos del público, por lo cual recomienda a los ciudadanos que eviten perder su dinero y no se conviertan en víctimas de estos esquemas de fraude.