Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por Leonardo Olaya   Ago 8, 2024 - 6:37 am
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El panorama de la salud en Colombia sigue pasando momentos críticos y casi que está en unidad de cuidados intensivos. La crisis financiera del sistema está haciendo mella en las EPS que el Gobierno —que ha negado sistemáticamente la crisis— controla a través de las intervenciones forzosas para administrarlas. Sus deudas y tutelas se han incrementado, pero lo más preocupante para expertos es que las consecuencias las terminarán sufriendo los pacientes.

Datos revelados por el representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático) muestran que las aseguradoras Sanitas, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y Nueva EPS incrementaron cartera de más de seis meses desde que fueron intervenidas por la Superintendencia de Salud. Así mismo, que han subido el número de tutelas interpuestas por sus afiliados.

Para entender mejor el tema hay que explicar que la cartera de una EPS abarca lo que debe de cuentas médicas a los prestadores de servicios de salud. Entre tanto, las tutelas son el mecanismo legal que se usa para pedir protección de un derecho fundamental, como el de la salud, y que no se vulnere.

El Gobierno intervino la EPS Sanitas el 2 de abril de este año y, según las cifras reveladas por Forero, su cartera superior a 180 días pasó de $ 0 en marzo a $ 442.975 millones en mayo. Es decir, en apenas dos meses.

(Vea también: Proponen nueva reforma a la salud, diferente a la de Petro; daría esperada noticia para EPS)

Por otro lado, Asmet Salud fue intervenida en mayo de 2023 y desde entonces todas los plazos de pago han empeorado. La cartera a 30 días pasó de $ 150.989 millones en abril de 2023 a $ 218.492 millones en mayo de 2024 (un año de intervención); la de 60 días pasó de $ 83.048 millones a $ 184.906 millones; la de 90 días pasó de $ 62.431 millones a $ 94.555 millones; la de 180 días pasó de $ 184.304 millones a $ 288.027 millones; mientras que la superior a 180 días pasó de $ 321.725 millones a $ 426.419 millones.

El experto en economía de la salud y profesor de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, explica que en el sector salud el tiempo de demora en pagar cuentas suele ser de máximo 90 días (tres meses). Ese plazo se explica en el mecanismo que existe para pagar por servicios de salud.

Esto ocurre por los trámites: después de que una IPS (institución prestadora de servicios de salud, que son clínicas, hospitales, laboratorios, etc.) atiende a una persona, manda una cuenta de cobro a la EPS en la que está afiliado ese paciente para que le pague ese servicio que prestó y, a su vez, esta última hace una auditoría para verificar que lo que le cobran corresponde a la atención que realmente recibió el paciente. Es decir, que no le cobren plata por oro.

“Cuando pasa de los 90 días, indica que la EPS tiene plata para pagar. Es como el inquilino que no paga la administración en un edificio, que después de tres meses de no pago es más difícil que salde la deuda”, señala Rodríguez.

Por su parte, en Emssanar —intervenida en julio de 2022— también se deterioró toda la cartera, pero la que es mayor a 180 días pasó de $ 70.508 millones en junio de 2022 a $ 495.702 millones en mayo de 2024. El segundo mayor deterioro fue en la cartera de entre 90 y 180 días, que pasó de $ 98.954 millones a $ 207.609 millones.

El profesor del área de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, califica como “muy altos” esos tiempos de cartera y señala que el origen de esas demoras, por la dinámica del cobro y la auditoría, podría estar en “el proceso interno de esas EPS que estaría demorado o en la Adres (Administradora de Recursos de Salud)”, que es la encargada de hacer los pagos a los prestadores después de la auditoría de la EPS.

A su vez, Savia Salud y Nueva EPS presentaron un incremento en el número de tutelas interpuestas en su contra por sus afiliados, según las cifras que entregó el representante Andrés Forero con base en las respuestas a derechos de petición que envió a las aseguradoras.

La primera pasó de 12.389 tutelas entre julio de 2022 y mayo de 2023 a 21.963 entre julio de 2023 y mayo de 2024. Mientras que la segunda pasó de 27.816 entre febrero y junio de 2023 a 32.665 entre febrero y junio de 2024.

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Más allá de los números, lo que develan estos comportamientos son problemas para los pacientes, el principal eslabón de la cadena de salud y el que termina llevando del bulto cuando se toman decisiones sobre el sistema de salud.

Giovanni Jiménez sostiene que todo esto termina “afectando clínicamente al paciente, pues al no haber pagos de las EPS les quita liquidez (tener plata para pagar sus deudas) a las IPS para asuntos como comprar insumos médicos o hacer pagos de nómina”.

Entre tanto, Paúl Rodríguez advierte que el peor de los escenarios es que los prestadores empiecen a restringir la atención a los afiliados de esas EPS o que “retrasen citas o cirugías y que se alarguen los tiempos de espera”.

En Antioquia ya hubo un llamado de alerta a principio de mes sobre las consecuencias del no pago a hospitales y clínicas. ¿Será esto un aviso de lo que se viene en el sistema general del país?

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