Escrito por:  Redacción Nación
Ago 7, 2024 - 9:21 am

Es claro que el Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene cosas que mostrar en sus dos primeros años de gestión. Tampoco es que haya estado paralizado. Los ministerios y otras dependencias muestran realizaciones en diferentes niveles, pese a que las críticas señalan que no hay ejecución. Si bien en esos ámbitos hay ejecutorias para tener en cuenta, es en la esfera de la política centrada en la figura del mandatario donde se puede hallar la discusión gruesa relativa al balance de la primera mitad de su administración.

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Por ejemplo, el Ministerio de Minas destaca los grandes proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) como el impulso del Plan 6 GW, que tiene por objetivo llegar a 6 GW de capacidad instalada para el año 2026; el de Agricultura, la entrega de tierras a campesinos, y, a través de la Agencia de Renovación del Territorio, la contratación de 21 proyectos para las comunidades de las subregiones PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), distribuidos con organizaciones consejos comunitarios, resguardos indígenas y juntas de acción comunal; y el de Cultura, la formación musical de 300.000 menores de edad en 1.590 establecimientos educativos de territorios excluidos.

Por su lado, el Ministerio de Comercio exalta que en los dos primeros años de gestión se logró el restablecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre Colombia y Venezuela, que permitió una recuperación del comercio entre los dos países y en 2023 cerró en US$791,1 millones, un crecimiento del 8,6% con relación al 2022. A mayo de este año va en US$393,8 millones, un crecimiento del 29,6%. También destaca la firma del Acuerdo Integral de Asociación Económica con Emiratos Árabes Unidos, que, según dice esa cartera, “se traduce en oportunidades para los empresarios colombianos del agro, la manufactura y el comercio exterior”.

El Mincomercio, además, sostiene que se impulsaron negocios con Costa Rica, luego de la firma de la profundización del acuerdo comercial vigente desde 2016 que incorpora o acelera el programa de desgravación a 325 productos del sector textil – confecciones. Y se adoptaron o ratificaron cerca de 12 medidas en materia arancelaria y umbrales arancelarios en distintos sectores, para generar el equilibrio y la competencia justa en el comercio exterior.

Estos son apenas botones de muestra, y así ocurre con las demás carteras. Pero el balance del presidente Petro es otra cosa. Su segundo año de gobierno fue de transición. De un primer año en el que agitó la bandera del acuerdo nacional y les dio participación en su administración a varios partidos políticos diferentes a la coalición que lo llevó al poder, pasó a su radicalización, estimulada principalmente por cuatro factores: la escasa ejecución, el difícil paso de sus reformas en el Congreso, la ventaja que le cogieron los grupos armados con los que buscó negociar y los nuevos escándalos de corrupción de sus funcionarios.

Para garantizar que el giro que estaba dando no tuviera sobresaltos, se rodeó de las personas a las que les tiene más confianza y que se caracterizan por su irrestricta fidelidad. Después del grave escándalo que la salpicó, y que provocó su salida del Gobierno Nacional, retornó a Laura Sarabia, la puso en la dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS) para después dejarla, más cerca (y con más poder), en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). En los corrillos y mentideros políticos se dice medio en broma y medio en serio que la que gobierna al país es ella.

El mandatario sacó del Dapre a su excompañero de luchas en el M-19 Carlos Ramón Gonzáles para entregarle la poderosa Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). También nombró a Gustavo Bolívar, quizá su más fiel escudero, en el DPS, y a otro soldado de su causa, el exsenador Alexánder López, en el Departamento Nacional de Planeación. Se trata de dos cargos eminentemente técnicos en los que situó a activistas, un hecho por el que le llovieron críticas. Para el momento de su posesión, Bolívar solo contaba con título de bachiller.

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Del gabinete ministerial con que comenzó su gobierno en agosto de 2022, solo sobreviven —y llegaron con el presidente a su segundo año— dos ministras que surgieron de la izquierda militante (la de Trabajo, Gloría Inés Ramírez, y la de Ambiente, Susana Mohamad), una ministra de origen liberal (la de Vivienda, Catalina Velasco), más el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quizá el más criticado porque a su conducción de las Fuerzas Armadas se atribuye la expansión de los grupos armados y la grave crisis de orden público por la que atraviesa el país.

Reorganizada la arquitectura de su administración, y ya sin voces que le llevaran la contraria, como la de los exministros de Educación Alejandro Gaviria, de Hacienda José Antonio Ocampo, de Agricultura Cecilia López, y la del muy técnico y reputado exdirector de Planeación Nacional Jorge Iván González (que en una rueda de prensa lamentaron que el mandatario privilegiara a los activistas antes que a los tecnócratas), el jefe de Estado le comunicó al país uno de sus más delicados anuncios.

Constituyente y reelección

Durante un discurso en marzo pasado, soltó una verdadera bomba que estremeció al país al hablar por primera vez de una asamblea nacional constituyente, que no tiene un propósito diferente a modificar la Constitución Política de Colombia de 1991, pese a que el mandatario sugiere que no es para eso. Lo que más llamó la atención de este aviso es que, para conseguir su propósito, dijera de entrada que no seguiría los caminos institucionales y constitucionales, saltándose el Artículo 376 de la Carta, que señala que un proyecto de semejante envergadura debe ser llevado y aprobado por el Congreso de la República, entre otros pasos.

El mandatario habló después, no ya de una asamblea nacional constituyente (para la cual, si siguiera las vías legales, el tiempo de su mandato ya no le alcanzaría), sino de “proceso constituyente”, “poder constituyente” y “referendo constituyente”. Todos estos conceptos los toma el mandatario del filósofo italiano Antonio Negri, del cual Petro admitió que se nutre teóricamente, y del austriaco de origen judío Egon Zweig, cuyo texto ‘La teoría del poder constituyente’ recomendó leer para que se entendiera más su propuesta.

Cuando el presidente Petro habló por primera vez de una constituyente, dijo que era necesaria si no le aprobaban sus reformas en el Congreso; después aseguró que era para ayudar a la implementación del Acuerdo con las Farc, y más adelante, en momentos críticos de su gobierno, por ejemplo, los provocados por los escándalos de corrupción, también ha sacado el tema a relucir, siempre con la idea de convocar a las calles a sus seguidores.

Hasta ahora, por lo menos de su boca, no ha salido la idea de que quiere modificar la Constitución para reelegirse. Por el contrario, siempre lo ha negado. Ese trabajo lo vienen haciendo otros, como la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, que admitió sin tapujos: “No es el presidente Petro el que está diciendo y que está hablando de la reelección. Somos muchos de los activistas, nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente, lo estamos promoviendo”. En las últimas horas, Zuleta confirmó que ya tiene casi listo el proyecto de reelección del presidente Petro, aunque varios constitucionalistas han dicho que no es viable esa idea por iniciativa parlamentaria.

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La situación del país y las protestas contra el Gobierno dieron origen a la mayor manifestación de desaprobación hacia el jefe de Estado el 21 de abril, que sacó a las calles a cientos de miles de personas en todas las ciudades, lo que desató quizás uno de los discursos más virulentos del mandatario en medio de las manifestaciones del primero de mayo, y en el cual anunció la ruptura de relaciones con Israel. Así le puso la cereza al pastel de críticas que había estado armando contra el Estado judío por la guerra en Gaza originada en una violenta acción del grupo islamista palestino Hamás.

Después de eso, siguieron otras alocuciones del presidente Petro cuyo común denominador fue el “proceso constituyente”. La insistencia del mandatario en ese tema hizo que el expresidente César Gaviria propusiera una coalición para detener ese propósito. De hecho, se ha entendido que el mandatario les dio una prematura partida a las elecciones presidenciales de 2026, pues sus opositores comenzaron a organizarse y a hacer sonar nombres para ver cuál tiene algún impacto en la opinión pública, y ese asunto se volvió pregunta obligada en las encuestas.

Otro de los argumentos esgrimidos por el mandatario para convocar una constituyente es el Acuerdo con las Farc. Esa tesis la defendió jurídicamente el exfiscal Luis Eduardo Montealegre, lo que agudizó aún más la polarización del país. Para superar las tensiones provocadas, fue reemplazado el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por el curtido Juan Fernando Cristo, que tiene la tarea de trabajar el tema en el Congreso, en donde hay fuertes resistencias. El problema es que Cristo termine subsumido en la órbita del presente que lleva dos años anunciando acuerdos nacionales sin lograr ninguno concreto.

Entre escándalos, EPS, crisis y paz

En un plano más aterrizado, el Gobierno del presidente Petro llevó a otro nivel la situación de las EPS. Intervino varias de ellas, comenzando por Sanitas y después Famisanar, Emssanar, Savia Salud y Asmet Salud, que pasaron a ser controladas por la Superintendencia Nacional de Salud. Otras, como Compensar, antes de ser intervenidas, solicitaron su liquidación. El común denominador que les adjudicó el Ejecutivo a esas entidades fueron los problemas financieros y la vulneración de los derechos de sus afiliados.

En el caso de la paz, el mandatario, en estos dos años, no ha conseguido consolidar su intención de hacerla “total”. A la mitad de su gestión llega con tres mesas de conversación en macha con el Eln, con dos bloques y un frente de las disidencias de las Farc ‘Estado Mayor Central’ y con la ‘Segunda Marquetalia’, lo mismo que un diálogo con el frente ‘Comuneros del Sur’ que fue expulsado del Eln. Con el Eln se han firmado 28 acuerdos en seis rondas de diálogo, pero las conversaciones con esa guerrilla están congeladas y el cese el fuego, levantado. En los últimos días, formalizó el inicio del diálogo con el ‘Clan del Golfo’, una apuesta de paz que se suma a otras de su índole en los denominados espacios de conversación socio-jurídicos con bandas criminales en Medellín, Buenaventura, Quibdó y la Sierra Nevada de Santa Marta.

A todo este panorama, visto como un gran lienzo en construcción, le cayeron a manera de manchones varios escándalos y minicrisis, el más significativo de los cuales fue el de la UNGRD, que involucró al entonces director Olmedo López y al subdirector Sneyder Pinilla. Los dos dijeron que entregaron dinero para asegurar en el Congreso el avance de los proyectos del Gobierno. Mencionaron al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al director de la Dirección Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González, que tuvo que dimitir ante las acusaciones. También señalaron a nueve congresistas, principalmente al entonces presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara, Andrés Calle.

El gabinete del presidente Petro también sufrió bajas, por acción y por omisión. El canciller Álvaro Leyva Durán terminó dimitiendo debido a la sanción que le aplicó la Procuraduría con ocasión de sus decisiones frente al multimillonario contrato de elaboración de pasaportes. Y la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, tuvo que presentar su renuncia, que fue aceptada de inmediato, ante la presión nacional por la pérdida de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos, una oportunidad dorada para promocionar el país y para dinamizar su economía.

El balance de los dos años de Gobierno del presidente Petro, como es natural, tiene aciertos y desaciertos, y señala para la segunda mitad de su administración enormes retos en prácticamente todas las materias. Del enfoque que le dé a su gestión y de la manera como busque efectivamente el acuerdo nacional que necesita, dependerá que al final de su mandato pueda decir que cumplió sus promesas y logró para el país el cambió en que se empeñó. Para muchos, aún tiene tiempo.

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