Si el presidente Gustavo Petro comenzó su mandato hace dos años señalado por sus detractores de buscar una suerte de ‘venezolanización’ de Colombia —una idea que animó, entre otras cosas, con las seis visitas que le hizo a Nicolás Maduro en este lapso—, ahora inicia la segunda mitad de su periodo presidencial volviendo a remover ese temor por su postura ante la crisis que desató en el vecino país la negativa del régimen a publicar las actas de las elecciones (difundidas por la oposición).
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Colombia no solo se abstuvo de votar una resolución de la OEA que exigía al régimen de Nicolás Maduro presentar esos documentos electorales (para disipar cualquier duda sobre su proclamación como presidente reelecto y bajarle la temperatura a la crisis por los reclamos en ese país y en el mundo), sino que después emitió un comunicado conjunto con Brasil y México, cuyo contenido fue entendido como una acción para hacer tiempo y darle oxígeno a Maduro.
La postura del presidente Petro respecto de Venezuela fue vista por muchos como razonable, realista, pragmática, si se considera que tenía conversaciones secretas con Maduro para su eventual salida negociada. Eso explicaría la abstención de Colombia en la sesión extraordinaria de la OEA. Una actitud diferente afectaría las conversaciones que adelantaba el jefe de Estado colombiano.
Pero eso despertó, de nuevo, las suspicacias sobre la agenda del presidente Petro con el vecino, y volvió a proyectar la sombra de Maduro sobre su gestión. Eso podría provocarle resistencias en la segunda mitad de su mandato, pues algunas de las decisiones que tome o iniciativas que proponga serán vistas en clave de Venezuela.
De hecho, la oposición ya tacha ideas del presiente Petro como la asamblea constituyente o el procedimiento ‘fast-track’ (para agilizar sus reformas en el Congreso). Para resaltar lo nocivo de la constituyente en Colombia, recuerdan que la debacle venezolana comenzó hace 25 años cuando Hugo Chávez le propuso al país modificar la constitución, y en ese proceso le puso arandelas a su medida, después de lo cual lo sumió en la más grave crisis que lo quebró y expulsó a ocho millones de venezolanos, la mayoría refugiados en Colombia.
Así llega el presidente Petro este siete de agosto a sus dos primeros años de gobierno, y así comienza la segunda mitad de su administración. De acá en adelante, al jefe de Estado le van a monitorear su relación con Maduro, cuya gestión no ha dado resultados concretos en, por ejemplo, las negociaciones de paz con el Eln, en las que a la cabeza del régimen venezolano se le ha atribuido un papel determinante y por las que Petro lo trata con guantes de seda. El pasado 3 de agosto terminó el cese bilateral al fuego con ese grupo armado sin que se hubiera prolongado, lo cual deja la gestión de Maduro en entredicho.
En medio de estas circunstancias, el presidente Petro está próximo a enfrentar un hecho inobjetable de inmenso valor político para él: el tiempo corre y tarde o temprano deberá decidir si reconoce a Maduro como mandatario de Venezuela sobre unas elecciones que el mismo mandatario colombiano puso en duda al pedir la publicación de las actas y una verificación independiente de las mismas.
Por eso, Maduro se convierte en un fardo aún más pesado con el que tendrá que lidiar el jefe de Estado colombiano en los dos años que le quedan de mandato. La forma en que los colombianos perciban su cercanía y favorabilidad para con la cabeza del régimen se convertirá en el fiel de la balanza, que se inclinará en las elecciones presidenciales de 2026 a favor o en contra de la continuidad del proyecto petrista.
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