Si hay algo que ha afectado la imagen del presidente Gustavo Petro es no haber conseguido mostrar logros o avances concretos en dos de las promesas que hizo para satisfacer primero a sus electores y luego a una nación cansada de lo mismo. Y lo más grave es que los problemas que lo afectan se originaron en su propio entorno, desde funcionarios del más alto nivel de su Gobierno hasta sus propios familiares.
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Las dos promesas, aún vigentes porque le quedan dos años para cumplirlas, ofrecen el cambio y la lucha contra la corrupción. El país creyó que con el primer gobierno de izquierda se acabarían malas prácticas que nacieron y se fortalecieron prácticamente a lo largo de toda la vida republicana de Colombia. Es claro que un flagelo tan arraigado no se podría cambiar en cuatro años, pero que se viera tan cerca de quien ofreció enfrentarlo no lo esperaba nadie, y no tan pronto.
Eso ha impactado la credibilidad en el presidente Petro. En dos años de gobierno, al mandatario le han estallado cinco escándalos que han arrojado dudas sobre su campaña para llegar a la Casa de Nariño y sobre su administración.
En el primero se vio envuelta Laura Sarabia, convertida en sombra del mandatario. Tuvo que ver con las chuzadas a sus niñeras, Marelbys Meza y Fabiola Perea, para tratar de establecer el paradero de unas maletas con dinero en la casa de la funcionaria, caso en el cual también terminaron envueltos el jefe de seguridad del presidente, coronel Carlos Feria, y su subalterno el coronel Óscar Dávila (que después se quitó la vida).
Sarabia fue también protagonista del segundo escándalo que estremeció al Gobierno del presidente Petro: la afirmación del entonces embajador en Caracas Armando Benedetti, en una insultante discusión que tuvo con ella, de que había conseguido 15.000 millones de pesos en la Costa para la campaña presidencial de Petro. Eso les costó sus puestos a los dos, aunque después fueron reintegrados: Sarabia es hoy es la directora del Dapre y Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO en Roma.
Después vino otro escándalo que dejó estupefacto al país. Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario, se agarró con su entonces pareja Day Vásquez y en la pelea ella dijo que Nicolás había recibido dineros para financiar la campaña de su padre. Eso produjo, por primera vez en la historia de Colombia, la captura del hijo de un presidente. Nicolas al principio dijo que colaboraría con la justica, pero después se retractó, por lo que está sometido a juicio.
Sobre la campaña presidencial cayeron más manchas cuando se supo que el entonces gerente de la misma, Ricardo Roa (actual presidente de Ecopetrol), habría recibido 500 millones de pesos donados por Fecode, a través del partido Colombia Humana. En otro caso la Fiscalía tiene como indiciada a la vicepresidente Francia Márquez. El ente acusador averigua también por una presunta financiación ilegal de la campaña al Congreso del Pacto Histórico de la cual era gerente el hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Más adelante estalló el escándalo de la UNGRD, que empezó con la compra por 46.000 millones de pesos de 40 carrotanques para proveer agua a La Guajira, pero nunca fueron usados. La trama involucró al entonces director de esa entidad Olmedo López y al subdirector Sneyder Pinilla. Los dos aceptaron la responsabilidad en el entramado y prendieron el ventilador al decir que parte de ese dinero tuvo como destino asegurar en el Congreso el avance de los proyectos del Gobierno.
Mencionaron al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al director de la Dirección Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González (muy cercano al presidente Petro), que tuvo que dimitir ante las acusaciones. También señalaron a nueve congresistas, principalmente al entonces presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, a quienes, según Pinilla, él les habría entregado 3.000 y 1.000 millones de pesos, respectivamente.
Esos cinco escándalos son graves para el Gobierno Nacional, por lo que, en buena parte de sus dos primeros años de gestión, el presidente ha tenido que dedicarse a la defensa. Muchos de los procesos que se abrieron como consecuencia aún están en curso y quizá se resolverán en la segunda mitad del mandato. Al país, y al presidente Petro, le conviene que esos ciclos se cierren de acuerdo con lo que establezca la justicia.
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