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Aunque el Congreso y expertos se lo están advirtiendo de todas las formas, el Ejecutivo mostró que no está dispuesto a negociar ni un peso y atiza la incertidumbre de cara a 2025.
Del lado del presupuesto propuso un monto de $523 billones, pero con calculadora en mano le hicieron ver que está descachado. Dependiendo del cristal con el que lo miran, a algunos congresistas les da que debe recortarle $12 billones, otros sugieren que le quite $24 billones y hay incluso quien dice que toca bajarle $40 billones.
(Vea también: Avisan a dueños de carros y motos por aumento que tendría la gasolina: casi 1.000 pesos).
Es así como esta semana, en el debate sobre el monto de la billetera estatal para el próximo año, las comisiones económicas del Congreso votaron seis propuestas distintas –entre ellas la del Gobierno–, pero ninguna tuvo el visto bueno. Hubo una de $511 billones del presidente del Senado, Efraín Cepeda; una de $499 billones, de la senadora Angélica Lozano; o una de $483 billones, del representante Carlos Eduardo Osorio (ver gráfico).
La nueva reforma tributaria no da
La piedra angular es la reforma tributaria. El Gobierno la presentó el martes, dijo que quería recoger $11,8 billones y con esto le cerraría el presupuesto en los $523 billones que quiere. Pero el mar de dudas llega cuando el mismo Gobierno explica de dónde saldrá la plata.
Solo $4,8 billones provendrían de cambios en impuestos como aumentar el impuesto al carbono y ponerle IVA de 19% a las apuestas en líneas, mientras que $1,6 billones saldrían de “mejoras en la actividad tributaria” que son totalmente inciertas y $5,3 billones los daría el adelanto de la Regla Fiscal de 2026 a 2025, que se traduce en abrir más cupo para poder gastar.
Este último punto empezó a causar malestar, incluso en el Banco de la República, máxima autoridad monetaria. Leonardo Villar, su gerente, recordó esta semana que la Regla Fiscal es un instrumento que se autoimpone el país para evitar que la deuda pública se suba, porque cuando eso pasa se deben dedicar todos los recursos disponibles a pagar intereses, generando más riesgos.
Así, consideró importante que sea estable y no se esté cambiando a cada rato, porque pierde credibilidad. “Si se aprobó ahorita, ¿por qué la van a cambiar dentro de un año? Además, es una Regla cuya credibilidad está basada en su perdurabilidad, en que sea estable y larga”.
Villar también cuestionó la Regla Fiscal Verde, una propuesta del Gobierno en la tributaria para no contar gastos relacionados con iniciativas que tengan objetivos ambientales y de transición energética. “La deuda verde también la vamos a tener que pagar, por lo que creo que se debe contabilizar”.
Primeras impresiones del plan de ley de financiamiento que requieren atención:
1. Anticipar la regla fiscal a 2025 NO aumenta el recaudo (esto ítem se estima en 5.3 billones), sino que permite un déficit fiscal mayor (en 0.3% del PIB), que debe financiarse con más deuda. 🧶👇🏼 pic.twitter.com/iEM30tnd52
— Andres Pardo A. (@andrespardoa) September 10, 2024
Medidas inconvenientes para Colombia
Pero los cuestionamientos van más allá. José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, tiene en sus cuentas un faltante de $5,5 billones en el recaudo que prevé la reforma, mismo que se agrandaría a $7,1 billones si se excluye la plata que el Gobierno espera por operatividad tributaria.
El número es aproximado e incierto, porque depende del valor de la deuda del Gobierno, que podría ser menor o mayor si el peso colombiano continúa devaluándose, continuó el experto.
López cuestionó el discurso del Ejecutivo, en el sentido de que esta reforma también incluye estímulos para reactivar la economía. Aunque afirmó que es bienvenida la idea de bajarle la tarifa de renta a las empresas, dijo que la que está en la reforma será insuficiente para promover la inversión porque solo se disminuye del 35% al 33% para grandes compañías.
Además, recordó cómo la tributaria subiría la tarifa mínima a la que tributan las empresas del 15% al 20%, lo cual podría tener un efecto negativo en empleo e inversión y no tuvo un estudio previo. Igualmente, que se propone eliminar el Régimen Simple, que facilita a las empresas un único pago que consolida impuestos de renta, IVA e ICA; para el líder de Anif, esto último volvería más compleja la gestión tributaria para las pequeñas firmas colombianas.
Según el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, las cuentas son simples: el Gobierno está bajándole dos puntos de tarifa de renta general a grandes empresas, pero les sube cinco en la tarifa mínima que deben pagar, así que no se trata de un beneficio del todo. Además, la eliminación del Régimen Simple golpeará a supermercados, peluquerías, restaurantes y hoteles con engorrosos procesos tributarios, lo que significa “que la Dian no está haciendo la tarea”.
Otros medidas de la tributaria que causan polémica son el incremento del impuesto al carbono, que según cálculos iniciales llevaría el precio promedio de la gasolina de $15.881 a $16.306 y del diésel de $9.711 hasta $10.199, y también tendría efecto sobre el gas y el combustible para avión.
Para personas naturales aumentaría de 39% a 41% la retención en la fuente en caso de que devenguen $9,02 millones mensuales o más; subiría el impuesto de renta de 39% a 41% para ingresos de más de $144 millones al mes; e incrementaría de 20% a 25% el impuesto a ganancias ocasionales por concepto de rifas o apuestas, y del 15% al 20% para aquellas por concepto de venta de activos fijos.
Ojo con esta denuncia de @LISANDROJUNCOR sobre la reforma tributaria de Petro:
Con la eliminación del régimen Simple muchas pequeñas empresas pasarán de pagar una tarifa de renta del 1.5 a una de más de 20 puntos.
Le van a subir los impuestos a las empresas más pequeñas. pic.twitter.com/xNoUwZwTl9
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 13, 2024
Debate embolatado en el Congreso
Aunado a las cuentas enredadas y las medidas que no terminan de convencer, la tributaria no la tendrá fácil en el Congreso. La próxima semana se escogerán los ponentes del proyecto de ley y desde ya se avisora un debate espinoso, pues aunque el Gobierno parece tener mayorías en Cámara, por el contrario en el Senado tendría todas las de perder.
Congresistas consultados como Óscar Darío Pérez o Andrés Forero aseguraron que los ánimos para discutir esta reforma son negativos, y ya hubo un abrebocas esta semana con la discusión del presupuesto: el monto pretendido por el Gobierno obtuvo respaldo en Cámara, pero vio la negativa en Senado y finalmente se cayó.
En adición al hueco de la tributaria, un importante grupo de más de 35 congresistas considera que el presupuesto tiene otros vacíos en las fuentes de financiamiento como el recaudo previsto por la Dian, el crecimiento de las utilidades de las empresas estatales y la abismal diferencia entre los ingresos esperados en ese proyecto y el Marco Fiscal que se presentó en meses pasados.
Así mismo, algunos calculan que hay $50 billones sin ejecutar y están congelados en fiducias o patrimonios autónomos y le piden al Gobierno mejorar su ejecución. Para Efraín Cepeda, no se puede repetir el error de firmarle un cheque en blanco al Ejecutivo al igual que pasó con el presupuesto de 2024, al que se le dio el visto bueno con la promesa de que la Dian recaudaría $14 billones por litigios, algo que no pasó y obligó a hacer un recorte.
Como nunca se había visto, los congresistas no saben qué hacer luego de no convenir un monto y han tenido que recurrir a expertos para asesorarse. Por lo pronto, la próxima semana se discutirá cómo va a desagregarse el presupuesto y la cifra total quedará supeditada al éxito de la reforma tributaria; es decir que si esta última no se aprueba, el Gobierno deberá recortarle a los $523 billones al momento de liquidar el presupuesto en los primeros días de 2025.
La incertidumbre llega en el peor momento de todos, porque el próximo año las deudas no dan abasto. De hecho, se programaron $82,4 billones para inversión ($24 billones menos que en 2024); $112,6 billones que corresponden al servicio de la deuda ($12 billones más), mientras los restantes $327,9 billones van para gastos de funcionamiento.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha sostenido que el 92% de la billetera estatal del año entrante es inflexible y por eso el Gobierno se mantiene firme en su monto de $523 billones y en la necesidad de la tributaria; también recalcó que solo después del 20 de octubre se sabrá si el presupuesto se va por decreto presidencial.
A su turno, el director de Planeación Nacional, Alexander López, insistió en la necesidad de esta plata porque de lo contrario podrían verse en riesgo 26 de los 31 sectores de inversión social que requiere el país.
Mientras Colombia se enfrasca en esta discusión, los inversionistas, las calificadoras y los multilaterales están pendientes de cómo se resolverá. Lo que es cierto es que esta es una situación atípica y hoy no parece haber salida, por lo menos mediante consenso.
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