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El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se refirió nuevamente a la reforma a la salud que transita en el Congreso y reveló los cuatro cambios que debería tener el texto.
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Sus comentarios se dieron en una columna de El Tiempo, en la cual mantiene sus opiniones acerca de este proyecto y, en general, del sector salud en Colombia.
De hecho, en los últimos días ha escrito acerca del tema en otros espacios de medios de comunicación, así como en sus redes sociales.
Eso sí, en todas sus columnas, el exministro Ocampo ha criticado las recientes decisiones del gobierno de Gustavo Petro para el sector salud, y esta vez no fue diferente.
Cambios del exministro Ocampo a la reforma a la salud
Lo que sí agregó en esta ocasión fueron cuatro cambios de fondo que, en su concepto, debe tener la reforma a la salud, ahora que retomará sus debates en febrero.
“El primero es la clara determinación de las funciones de las Gestoras de Salud y Vida, el nuevo nombre para las actuales EPS, tanto en el sistema definitivo como en la transición”, escribió el exministro.
Y explicó que las tareas que se han otorgado en el proyecto “son compartidas y difusas, fragmentando las responsabilidades y sembrando dudas sobre la atención del paciente”.
Sumado a lo anterior, revela que debe haber una clara articulación entre los centros de atención primaria y las redes de servicio, teniendo en cuenta que esta función la tienen hoy en día las EPS.
En tercer lugar, el exministro Ocampo afirma que en la reforma a la salud está ausente la administración del riesgo financiero.
“La falta de un responsable claro por la facturación, que debería seguir estando a cargo de las Gestoras, podría generar un desborde del gasto en salud y comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”, añadió.
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Además, indicó que debe revisarse la capacidad y conveniencia de que la Adres sea la pagadora única y maneje la totalidad de los recursos del sistema: “Esto implica una reforma profunda y necesariamente gradual de dicha entidad”.
Finalmente, Ocampo dijo que hay dudas sobre cuáles van a ser las nuevas funciones de las entidades territoriales en el sistema, y el control de la politización y corrupción a la cual pueden dar lugar.
Y le sumó que las juntas de acción comunal tengan funciones en este y otros campos, “sin claridad sobre la capacidad de dichas entidades de asumirlas, ni de los entes de control para realizar labores de inspección, vigilancia y control sobre la ejecución de esos recursos”.
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