Para este martes, 9 de diciembre, se espera una de las jornadas más determinantes dentro de la negociación del incremento del salario mínimo para 2026.
La discusión, que involucra al Gobierno, los sindicatos y los empresarios en el marco de la mesa tripartita, ha captado la atención de analistas económicos y de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido al impacto que tendrá en el poder adquisitivo de los colombianos y en la estabilidad laboral del país.
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Según el cronograma establecido, hacia el mediodía todas las propuestas deberán estar sobre la mesa. Ese momento será decisivo, pues permitirá conocer de manera formal las pretensiones de cada uno de los actores involucrados, lo que será el ‘destape’ de la jornada de este 9 de diciembre.
Lo que ya se anticipa es que la brecha entre las expectativas sindicales y las del sector empresarial será amplia, lo que augura un debate complejo.
Los sindicatos, respaldados por el Ministerio de Trabajo, han insistido en que el incremento debe ser de al menos dos dígitos. Su postura se basa en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años y de garantizar condiciones dignas para los trabajadores en un contexto económico retador.
Por ahora, los empresarios no han presentado una cifra concreta de incremento; sin embargo, varias de sus declaraciones recientes dejan ver que su aspiración difícilmente superará el 7 %.
Esta expectativa responde a la fórmula tradicional que toma como referencia variables como la inflación y la productividad, así como a las presiones que enfrentan sectores como las pequeñas y medianas empresas. Acopi, el gremio que agrupa a este segmento empresarial, ha insistido en que un incremento elevado podría afectar la generación de empleo y la sostenibilidad de miles de negocios.
Aunque el Ministerio de Trabajo tiene la función de actuar como mediador en esta negociación, el proceso no ha estado exento de señales políticas. El presidente Gustavo Petro ha participado activamente en la discusión, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, propuso que el salario mínimo llegue a 1’800.000 pesos.
Esta cifra ha provocado preocupación entre los gremios, que advierten sobre los efectos que podría tener un incremento tan elevado en los costos laborales y, en general, en la economía del país.
Las cifras más recientes del Dane agregan un componente técnico clave: la inflación anual a noviembre se ubicó en 5,30 %, mientras que la productividad no alcanza siquiera el 1 %.
Para los empresarios, estos indicadores limitan el margen para un aumento ambicioso. No obstante, el Ministerio de Trabajo insiste en que debe considerarse el concepto de salario vital y móvil, recomendado por la OIT, como una guía para garantizar que los trabajadores reciban una remuneración digna y acorde con sus necesidades.
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