El gremio de las administradoras de fondos de pensiones en Colombia lanzó una advertencia contundente sobre el futuro financiero de los trabajadores. Según Asofondos, replicado en el diario La República, la decisión del Gobierno de trasladar masivamente ahorros hacia Colpensiones provocará un desplome inevitable en las rentabilidades acumuladas por los cotizantes.
Esta situación se desencadenó mediante un decreto del Ministerio de Trabajo que ordena el movimiento de aproximadamente 25 billones de pesos. La medida busca pasar estos recursos desde el régimen privado hacia la administración del Estado de forma inmediata.
Aunque el sector conocía la propuesta desde finales del año pasado, su implementación definitiva se anunció con una celeridad inesperada para las empresas. Durante el Congreso de Asofondos hecho en Cartagena, las administradoras recibieron la noticia como un verdadero balde de agua fría.
El plazo otorgado por el Gobierno Nacional es drástico, pues exige completar el traslado de estos millonarios recursos en menos de treinta días. El gremio asegura que este movimiento masivo afectará negativamente el valor real del dinero que los colombianos han ahorrado.
Andrés Velasco, quien lidera Asofondos, explicó que este cambio administrativo provocará un deterioro en la rentabilidad. El impacto final dependerá de la gestión que se aplique a estos fondos.
#Atento | Andrés Velasco, presidente de Asofondos, dijo que el régimen público es deficitario. “Ya le debe a la nación más de 100% del PIB en pensiones futuras”, dijo pic.twitter.com/vRPr5UveSS
— Diario La República (@larepublica_co) April 23, 2026
Actualmente, los ahorros están invertidos en portafolios diversificados que han logrado resultados históricos muy sólidos para los afiliados del sistema privado. Estas inversiones han generado, en promedio, una rentabilidad real anual de 8,5 % en los últimos 15 años.
La preocupación radica en que el paso al sector público detenga esta dinámica de crecimiento constante del capital pensional individual. Sin embargo, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, defendió la seguridad del proceso y la solvencia de la entidad que dirige.
Dussán recordó que la mayoría de los fondos privados pertenecen a grandes grupos bancarios, contrastando esto con la seguridad institucional del Estado. Él afirmó que “nosotros tenemos los recursos de ahorro puestos en la fiduciaria de la Previsora Nacional como generan nuestras normas”.
Velasco contradijo esta visión al señalar la falta de transparencia en el manejo que tendrá el dinero dentro de las fiducias públicas. El presidente gremial sostuvo que “Colpensiones opera a través de fiducias, pero no tiene una administración directa de estos recursos”.
Añadió que existe una gran incertidumbre sobre el alcance real de estos esquemas fiduciarios y si poseen la capacidad de gestión técnica necesaria. Para Velasco, los contratos vigentes plantean dudas profundas que sitúan al ahorro en una situación de incertidumbre legal.
El cronograma del Ministerio de Trabajo es inflexible: en 20 días debe transferirse el primer 50 % de los activos administrados actualmente. Los 10 días siguientes servirán para completar el traslado total del 50 % restante, finalizando así el billonario proceso administrativo del traslado del pago de las pensiones en Colombia.
Debido a la severidad de la norma, Velasco manifestó su desacuerdo rotundo y advirtió que “no se descartan acciones en contra del decreto”. Por su parte, Daniel Wills analizó el riesgo de que el traslado se ejecute mayoritariamente mediante títulos de deuda.
Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, explicó que, si los fondos pasan como títulos, “Colpensiones tiene que liquidar para pagar pensiones: es un pagador, no un inversionista de largo plazo”. Esto interrumpiría el ciclo de inversión que deja ganancias a los ciudadanos.
El Gobierno justifica la medida citando un desequilibrio fiscal, pues la nómina de Colpensiones en 2024 alcanzó los 55,5 billones de pesos. El decreto pretende corregir lo que denomina una “desnaturalización de la lógica solidaria del sistema” al unificar aportes y pagadores.
Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, cuestionó la legalidad del Decreto 0415 de 2026 por basarse en normas que aún no aplican. El abogado concluyó que “para muchos es claramente un decreto ilegal, porque está montado sobre la aplicación de una norma que no está vigente”.
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