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Escrito por:  Óskar Ortiz
Redactor     Oct 24, 2025 - 11:59 am

Los cuestionamientos por el nuevo cobro a pagos digitales en Colombia planteado por el Gobierno y que tocaría a herramientas como Bre-B, Nequi y Daviplata, entre otros,

En Colombia, estas podrían estar sujetas a una retención en la fuente del 1,5 % sobre cada transacción de venta o prestación de servicios hecha por esos medios, según el proyecto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La entidad busca equiparar los pagos electrónicos con los ejecutados vía tarjeta de crédito o débito, que ya tienen ese mismo porcentaje. La medida excluye los impuestos o propinas de la base de cálculo y deja exentas operaciones con personas naturales no responsables del IVA.

De ahí surgieron dos voces que expusieron razones de peso para explicar por qué afecta seriamente a Colombia, visto desde la mirada de dos agremiaciones expertas en el tema.

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La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) puso sobre la mesa un aviso sobre la manera en la que el nuevo cobro planteado por el Gobierno a Bre-B, Nequi y demás lleva a que sean más caros.

“Cualquier ruta regulatoria que implique el encarecimiento de los pagos digitales es inconveniente para el desarrollo del ecosistema digital y financiero del país”, afirmó la Presidente Ejecutiva de la CCCE, María Fernanda Quiñones.

La agremiación aseguró que, durante más de dos décadas, los pagos digitales han enfrentado cargas tributarias cómo las que hoy se plantean y eso ha frenado su masificación y encarecido su adopción, pues al ser una alternativa de fácil recaudo se han aplicado estas retenciones a todos los pagos hechos con Tarjeta de Crédito y Débito.

“Este tratamiento anti-técnico ha incidido de manera determinante y negativa en la inclusión financiera y la apropiación digital en el país. Ahora bien, con el advenimiento de nuevas formas de pago, como las billeteras o Bre-B aparecen asimetrías regulatorias frente a los medios de pago que continúan cargados con estas retenciones. Lo que se plantea al igualar estas cargas para todos, va en contravía de los objetivos de inclusión y digitalización, y perpetúa una visión de corto plazo centrada únicamente en el recaudo fiscal sin miras a ofrecer rutas de desarrollo económico en el largo plazo a través de la digitalización”, señaló la líder de CCCE.

En esa línea, insistió que este tipo de medidas desincentiva la adopción tecnológica, la formalización y la inclusión financiera, además de que alertó ya que considera que esto encarece la digitalización de miles de micro y pequeñas empresas que aún no aceptan pagos digitales debido a sus altos costos fiscales.

“La CCCE insiste en la necesidad de una revisión técnica y de largo plazo que permita evitar el encarecimiento de la digitalización y además diferenciar muy rigurosamente las transacciones entre personas naturales de las operaciones de intercambio económico, para evitar que nuevos gravámenes impacten negativamente a los consumidores y emprendimientos digitales”, indicó.

De hecho, se puso a disposición para trabajar junto al Gobierno Nacional, las autoridades económicas y los actores del ecosistema digital para avanzar hacia una regulación moderna, equitativa y promotora de la competitividad, la inclusión y el desarrollo sostenible del comercio electrónico en Colombia.

¿Cómo perjudica el cobro a Bre-B, Nequi y más a la economía popular en Colombia?

La Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas) también expresó su “preocupación” ante el proyecto  al señalar que el impacto que ese cobro provoca en la población de la economía popular en Colombia.

“Para este sector, los medios de pago digitales han sido una puerta de entrada a la formalización, al acceso al crédito y a la posibilidad de registrar operaciones de  manera más transparente y eficiente. Medidas tributarias de este tipo, aunque bien intencionadas desde la perspectiva del control fiscal, podrían convertirse en una nueva barrera para la inclusión financiera, el ahorro y la formalización de las microempresas, especialmente aquellas que hacen parte de la base de la pirámide poblacional”, indicó en comunicado.

Incluso, Asomicrofinanzas consideró que esto representaría un retroceso en los avances hacia la digitalización de los pagos en la economía y dejó claro por qué el golpe es tan duro.

“Para un microempresario, cada costo adicional en una transacción puede representar la diferencia entre mantener sus operaciones en el ecosistema digital o volver al uso del efectivo, reduciendo así su capacidad para  aprovechar los beneficios que ofrece la digitalización”, explicó.

Por lo mismo, exaltó cómo el sistema Bre-B, promovido por el Banco de la República, constituye una herramienta clave para fortalecer la bancarización, reducir el uso de efectivo y fomentar la cultura del ahorro.

“Desde Asomicrofinanzas, vemos en su implementación una oportunidad para que los emprendedores gestionen mejor  sus recursos, minimicen los llamados gastos hormiga y consoliden una base financiera más sólida para sus negocios y sus familias”, sentenció.

Por esa razón, se unió al llamado al Gobierno Nacional para que cualquier ajuste normativo preserve los avances logrados en materia de digitalización y  formalización, y que reconozca las particularidades del sector microempresarial. 

 

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