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El Ministerio de Transporte tiene listo el borrador de decreto con el cual se confirmaría que las tarifas de peajes en Colombia subirán en 2024.
La decisión va en línea con lo anunciado un mes atrás por el gobierno de Gustavo Petro, que indicó que era necesario retomar las alzas en todo el país.
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De hecho, este fue uno de los principales anuncios del presidente de Colombia y de los ministros de Transporte y Hacienda, William Camargo y Ricardo Bonilla, respectivamente, durante su participación en el Congreso de la CCI de 2023.
¿Cuándo suben las tarifas de peajes en Colombia?
Una de las subidas corresponderá a la inflación que se dio en el 2022 y que debía haberse aplicado a inicios de 2023, pero que, por decisión del presidente Petro, se congeló.
En tanto, el segundo incremento corresponde a la inflación que se ha generado en 2023 y que se deberá compensar en 2024, tal y como señalan los contratos de concesión.
De acuerdo con el nuevo borrador de decreto publicado por el Ministerio de Transporte, el congelamiento de las tarifas de peajes se dio como medida para que la inflación no siguiera golpeando a los colombianos.
Y, por ende, su restablecimiento se dará en 2024, ya que el índice de precios al consumidor (IPC) se ha venido reduciendo y ya se acerca a un dígito.
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Así las cosas, el MinTransporte confirmó que en enero se realizará el incremento del IPC de la vigencia de 2022, que corresponde a 13,12 %.
Esto se hará mediante resoluciones que se firmarán y expedirán en los próximos días y se aplicarán en los peajes del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Por lo pronto, el borrador de decreto no menciona nada de las subidas de tarifas correspondientes al IPC de 2023, que se conocerá en definitiva a inicios del próximo año.
En todo caso, el Gobierno podrá expedir una nueva norma dando detalles acerca de esa nueva subida de precios, que deberá darse hacia mediados de 2024.
Pulzo complementa:
Desde la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) advertían que esta medida podría resultar en un déficit financiero para proyectos viales en el país.
Por otro lado, el sector de infraestructura ha acogido con optimismo la noticia, considerando los impactos negativos que la medida anterior tuvo en los contratos de concesión carreteros a cargo del gobierno.
Este debate destaca la complejidad de encontrar un equilibrio entre las necesidades financieras para mantener y desarrollar infraestructuras viales y las preocupaciones de la ciudadanía por los costos asociados al uso de las carreteras.
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