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El pasado 31 de enero marcó el plazo para que las empresas consignaran los intereses de las cesantías generados por los días trabajados durante el año 2023, según lo estipulado por la Ley 50 de 1990. Este beneficio, dirigido a todos los empleados dependientes con contrato laboral, representa el 12% anual o su proporción fraccionada del total de las cesantías. Ahora, la atención se centra en el próximo 14 de febrero, fecha límite para el pago de las cesantías correspondientes a un mes de salario por cada año laborado.
Estas sumas deben ser consignadas en el fondo seleccionado por el trabajador, un proceso que puede representar un desafío para muchas empresas, especialmente para aquellas en el sector de las pymes, donde la informalidad y las fluctuaciones en el flujo de efectivo son más prominentes.
(Vea también: Cuánto recibirán de cesantías en Colombia las personas que ganan $ 3, 4 o 5 millones)
El incumplimiento en el pago de las cesantías puede resultar en sanciones, según el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que implica el pago de un día de salario por cada día de retraso. Además, si el pago de intereses se extiende más allá del 31 de enero, la empresa deberá transferir el doble, es decir, el 24%.
“Las cesantías son una obligación patronal y un derecho laboral. Por lo tanto, es importantísimo tener presente que, de no cumplir, el empleador será objeto de sanción, la cual consiste en el pago de un día de salario por cada día de retraso, según el artículo 99 de la ley 50 de 1990. Por otro lado, si se habla del pago de los intereses, suponiendo que se pase del 31 de enero y no se haya otorgado el pago, la empresa deberá transferir el doble, o sea el 24 %”, puntualizó Alexander Hernández, experto en consultoría financiera corporativa.
Finalmente, mientras muchos colombianos destinan este dinero extra a mejoras en el hogar o inversiones en educación, es crucial recordar que estas prestaciones están diseñadas para proporcionar un respaldo financiero a los trabajadores en momentos de cesación laboral, sirviendo como un salvavidas económico. Las empresas tienen el desafío de garantizar que este proceso se lleve a cabo de manera efectiva y transparente para el beneficio mutuo de empleadores y empleados.
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