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La representante Carolina Arbeláez denunció que el Gobierno ha iniciado el pago de un millón de pesos mensuales a “jóvenes delincuentes”. Además, mencionó que han identificado transferencias a personas con edades de hasta 125 años.
Estos datos, según Arbeláez, se encuentran en una lista de Excel enviada por el Ministerio de Igualdad, luego de que ella presentara un derecho de petición solicitando información sobre las personas que han recibido estos recursos.
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La representante también hizo un llamado a la Contraloría General de la Nación para que revise este caso.
“Este programa debe ser objeto de especial vigilancia por parte de los organismos de control. Señores de la Contraloría, les pido auditar estas cuestionadas transferencias”, dijo la representante.
En los documentos se menciona que una gran parte de los beneficiarios con esa fecha de nacimiento estarían registrados en Buenaventura y Quibdó.
Ante esto, el Ministerio aseguró que se encuentran en un proceso de migración de datos, lo que ha generado aún más polémica, ya que la congresista sostiene que no han logrado explicar los errores en las fechas de nacimiento.
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A esto se suma la controversia sobre los subsidios destinados a jóvenes que habrían cometido delitos.
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