Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día.
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia, bajo la dirección de Edwin Palma, ha puesto en marcha la convocatoria pública y competitiva del Incentivo a la Producción 2025, mediante la cual destina un presupuesto de $921.125 millones para respaldar iniciativas en 209 municipios con vocación minero-energética. Este programa busca consolidar el compromiso del Gobierno colombiano en la transformación del sector energético del país y se orienta a disminuir las desigualdades históricas presentes en territorios productores de recursos naturales no renovables, según información oficial del Ministerio de Minas y Energía. Para participar, cada municipio puede presentar hasta dos proyectos, con un límite conjunto de $8.000 millones, sujeto a ampliación mediante cofinanciación. La posibilidad de que diferentes municipios postulen proyectos conjuntos amplía el alcance regional y propicia soluciones de mayor escala.
La convocatoria se articula en dos líneas principales: la primera, centrada en proyectos de energía eléctrica que contemplan el aumento de la cobertura del Sistema Interconectado Nacional, la instalación de infraestructura pública alimentada por fuentes limpias (solar, eólica e hidroeléctrica), el fomento de la electromovilidad y la creación de granjas solares; la segunda, dirigida a proyectos mineros enfocados en el desarrollo de centros tecnológicos, la formación en prácticas de seguridad minera y el fortalecimiento de capacidades productivas. El ministro Palma ha subrayado que este incentivo es esencial para traducir los aportes del sector extractivo en bienestar, equidad y una transición energética justa desde las regiones.
En cuanto al marco legal e histórico, los fondos provienen del 30% de los intereses generados en la cuenta única del Sistema General de Regalías (SGR), respaldados por el Acto Legislativo 04 de 2017 y la Ley 2056 de 2020. Estas normativas facultan al Ministerio para distribuir los recursos con base en metodologías revisadas por la Comisión Rectora del SGR, permitiendo que la convocatoria actual represente el 50% restante del presupuesto del bienio 2025–2026 más los saldos no ejecutados, sumando así el total disponible para la vigencia.
A nivel de contexto internacional, Colombia atraviesa actualmente una fase crítica de evolución hacia fuentes renovables, un proceso que la Agencia Internacional de Energía (IEA) ha destacado como crucial para que países dependientes de hidrocarburos avancen en los compromisos climáticos adoptados, por ejemplo, en la COP26. La priorización de energización pública mediante tecnologías limpias se conecta con la estrategia nacional de transición energética y se ve reflejada en la estatal intención de fortalecer las capacidades de los territorios históricamente mineros.
La focalización de los incentivos en territorios productores responde, además, a los hallazgos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y de la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania (GIZ), que han identificado importantes brechas sociales entre regiones mineras y el resto del país. La iniciativa busca fortalecer la equidad territorial mediante la integración de políticas energéticas y sociales.
No obstante, expertos de fundaciones como la Fundación para la Sostenibilidad y el Desarrollo (FSD) han alertado que el impacto real de estos proyectos dependerá en buena medida de superar desafíos relacionados con la tramitología, la transparencia administrativa y la adecuada formación técnica de los actores locales y comunitarios. Además, especialistas en desarrollo territorial de la Universidad de los Andes han advertido sobre la potencial exclusión de los municipios con menores capacidades técnicas, lo que refuerza la necesidad de apoyo y acompañamiento estatal para garantizar igualdad de oportunidades en la postulación y ejecución de proyectos.
En definitiva, el Incentivo a la Producción 2025 representa una oportunidad decisiva para que las regiones mineras de Colombia profundicen su transición hacia un modelo energético diversificado y sostenible. Sin embargo, el despliegue exitoso de estos fondos requerirá un enfoque de seguimiento riguroso, participación comunitaria y fortalecimiento institucional, de modo que se logre transformar realmente la calidad de vida y el desarrollo en los territorios tradicionalmente afectados por las desigualdades del sector extractivo.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Cómo pueden los municipios fortalecer sus capacidades para acceder a los recursos del Sistema General de Regalías?
La ampliación de oportunidades para acceder al Sistema General de Regalías es relevante porque muchos municipios históricamente productores carecen de personal calificado, herramientas administrativas y recursos técnicos para diseñar y presentar proyectos complejos. Esto repercute directamente en la equidad de la distribución de los fondos y en la posibilidad de transformar efectivamente los territorios beneficiados.
Programas de formación técnica, acompañamiento por parte del Estado y la creación de alianzas interinstitucionales pueden ser estrategias efectivas para elevar la calidad de los proyectos y fortalecer la gestión local. Además, organismos como el DANE y la GIZ recomiendan la integración de asesoría especializada y la conformación de equipos interdisciplinarios para garantizar la sustentabilidad y el impacto de las iniciativas postuladas.
¿Qué es la transición energética y cómo afecta a las regiones productoras de Colombia?
La transición energética consiste en el cambio progresivo desde fuentes tradicionales de energía, como el petróleo y el carbón, hacia alternativas renovables como la energía solar, eólica e hidroeléctrica. Este proceso busca reducir las emisiones contaminantes, diversificar la matriz energética y alinear a los países con los objetivos de sostenibilidad mundial.
En Colombia, las regiones productoras de hidrocarburos y minerales enfrentan importantes retos y oportunidades en este contexto. Si logran aprovechar las inversiones y los incentivos actuales, pueden reconvertir sus economías hacia sectores más sostenibles y resilientes. Sin embargo, requieren de apoyo estatal, capacitación y participación comunitaria para adaptarse con éxito y evitar impactos negativos derivados de la disminución de la actividad extractiva tradicional.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
