Haga cuentas, estimada o estimado lector. Si usted hoy compra unas papas fritas de $5.300, con la reforma tributaria del Gobierno Petro pasarían a costar $5.830. O si compra una oblea en $6.000, luego le podría valer $6.600. O si va a la tienda a comprar una gaseosa de 1,5 litros por $4.120, subiría a $4.390.
Estos incrementos, según el proyecto de ley radicado ante el Congreso, se denominan impuestos saludables: uno al consumo de bebidas azucaradas y otro a productos comestibles ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos.
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¿Cómo se dedujo el alza de los ejemplos anteriormente descritos?
El articulado señala que la tarifa del impuesto a bebidas ultraprocesadas azucaradas será de $18, si el contenido en gramos por cada 100 ml de bebidas está entre 4 a 8 gramos. Si es mayor o igual a 8 gramos, será de $35. Mientras que la tarifa del impuesto para productos comestibles ultraprocesados será del 10 % sobre la base gravable, que será el precio de venta o el valor de la importación.
El objetivo, de acuerdo con Minhacienda, es desincentivar el consumo de estos bienes y generar recursos públicos para financiar los requerimientos derivados de enfermedades relacionadas.
Rosa Jazmín Cuéllar, integrante del Consultorio Tributario del Politécnico Grancolombiano, dijo que Colombia es de los pocos países de la región que no ha implementado un gravamen de este tipo. Además, su consumo es de las principales causas de enfermedades que afectan el sistema de salud. El Gobierno busca recaudar $2,5 billones en su primer año con esos impuestos.
Todo esto ha despertado dudas, críticas y reparos por algunos sectores de la economía colombiana, pero hay otros que celebran este paso.
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Economía popular
Los primeros en advertir el impacto a miles de familias y empresarios que dependen de los ingresos de la preparación de comidas rápidas fue la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres).
Guillermo Gómez, presidente ejecutivo del gremio, precisó que la preparación de alimentos y bebidas es de las opciones de subsistencia a la que más apelan las familias colombianas, “siendo la salchipapa, por ejemplo, base de la economía popular. A su lado se destacan helados, obleas y platos basados en azúcar y ultracongelados, por ser accesibles y de fácil y rápida preparación”. Propone incluir en la ponencia la tarifa progresiva del impoconsumo como una herramienta tributaria que ayude a este sector a ser más competitivo y no gravar insumos que harían más inviable la preparación de alimentos y bebidas como medio de subsistencia.
Este, sin duda, también será un duro golpe a los tenderos, según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, ya que de la mayoría de esos productos se deriva el sustento de quienes tienen tiendas en Colombia. De hecho, según un estudio de este sector, las gaseosas son el producto más vendido en las tiendas de barrio de las casi 230 categorías que allí se exhiben. Estas representan el 8 % de los ingresos.
Asimismo, aunque las gaseosas no son una fuente saludable de energía, representan el 0,76 % del presupuesto en los hogares colombianos, según dijo Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane.
Desde una mirada económica, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, puntualizó que el impuesto sí aumentará los precios de los productos, ya que el empresario lo trasladará al consumidor, quien al final será el perjudicado, porque le tocará sacar de su bolsillo para cubrir el valor adicional. Incluso, según el académico, el efecto directo y más duro será en la población vulnerable, que destina más dinero para alimentos y bebidas azucaradas.
La mirada nutricional
Desde esta óptica, Cristian David Murcia, nutricionista – dietista e investigador del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, citando un trabajo de Dejustica, precisó que un impuesto a las bebidas azucaradas del 24% tendría el potencial de reducir la obesidad en los hogares de ingresos más bajos entre un 5 % a un 10 %. “En términos del gasto público se afirma que para 2016 se destinaron por lo menos $25 billones anuales de los recursos en salud para atender enfermedades prevenibles”.
Murcia sostuvo que habrá efectos indirectos frente a los hogares de menores ingresos, porque son quienes más consumen este tipo de productos y, al mismo tiempo, son quienes tienen mayor potencial de ser disuadidos en el consumo una vez el impuesto sea implementado.
“Se disminuyen los riesgos de sobrepeso, obesidad y otras consecuencias, si esto va acompañado de otras políticas que incentiven la actividad física y la alimentación saludable, menor morbilidad también representa ahorros importantes en los hogares relacionados con gastos de bolsillo y gastos asociados a las enfermedades”, explicó el investigador.
Juan Camilo Mesa, nutricionista-dietista y máster en Ciencias de la Nutrición, afirmó que el impacto se verá a mediano y largo plazo (no será inmediato y por ello algunas críticas), pero desde ya, con base en investigaciones, se sabe que el consumo de calorías provenientes de bebidas azucaradas se ha reducido con un impuesto saludable en otros países. Acá se proyecta que parte de los recaudos se inyecten al sistema de salud para programas de prevención de enfermedades.
Señal que si bien las personas de escasos recursos serían los más afectados, ellos también son los que tienen mayores riesgos relacionados con la obesidad.
Tanto Mesa como Murcia coincidieron en que para que haya un impacto real se requieren otras medidas que van desde el recaudo fiscal hasta la potabilización del agua; desde programas de incentivo a la actividad física hasta el incentivo de producción nacional de alimentos con ciclo corto de comercialización; desde publicidad de alimentación saludable hasta ajustes en programa de alimentación escolar.
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