El equipo del presidente electo trabaja en el contenido de la reforma tributaria que presentará ante el Congreso el próximo 7 de agosto. Una de las propuestas para dicho proyecto es el impuesto a las bebidas azucaradas, impulsado por la nueva ministra de Salud, Carolina Corcho, y rechazado por el designado director de la Dian, Luis Carlos Reyes.

Inicialmente, la funcionaria entrante declaró que los impuestos a las bebidas azucaradas, además de tener impactos favorables en la salud pública, podrían ser una opción de recaudo para el sistema de salud colombiano. 

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Ante las quejas por el inminente golpe al bolsillo, el nuevo director de la Dian salió a decir que ese impuesto no sería tenido en cuenta la próxima tributaria. “Si toca el bolsillo del colombiano de a pie, no se propondría”, aseguró.

Horas después, Corcho insistió y Reyes tuvo que retractarse y en Blu Radio explicó que la discusión en torno al impuesto aún no ha terminado. En tal sentido, dio luces de lo que anunciaría el designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Impuesto a bebidas azucaradas, incluido en reforma tributaria

El jefe de la cartera de Hacienda confirmó a W Radio que el gravamen a las bebidas con altos contenidos de azúcar será incluido en el proyecto de reforma fiscal que radicará en el Congreso la administración de Gustavo Petro.

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Pero las gaseosas, jugos, bebidas energizantes y otros productos azucarados no serán los únicos que serían gravados con un nuevo impuesto. La emisora conoció que los alimentos ultraprocesados, el popular mecato, también tendría que pagar un tributo adicional.

Aunque Ocampo no dio mayores detalles del impuesto, el año pasado la representante Katherine Miranda, Red PaPaz y la Federación Nacional de Departamentos, hicieron la misma propuesta para recaudar entre 1.5 y 2 billones de pesos anuales. Sin embargo, eso no fue aprobado.

En ese entonces se pretendía que gaseosas, jugos, energizantes y bebidas lácteas cuyo aporte calórico proveniente del azúcar fuera superior al 10 %, pagarán el impuesto.

Sobre la tarifa que se aplicaría, la propuesta era que se cobrara durante tres años, de manera gradual, desde el 15 % hasta el 25 %. Es decir, un aumento de cinco porcentuales cada año.

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