En medio de su visita al municipio Paz de Río, en Boyacá, el presidente Gustavo Petro, que este domingo fue criticado por el papá de los niños encontrados en la selva, hizo una serie de anuncios, entre ellos la reforma a la educación que tiene que ver con la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

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Petro, que también se refirió a los medios de comunicación, afirmó que la radicación de la reforma será a partir del 20 de julio del presente año en el Congreso de la República, cuando inicie un nuevo periodo legislativo.

“Todo el movimiento estudiantil de Colombia debe citarse a asambleas para la reforma de la Ley 30, que debe ser presentada después del 20 de julio y que debe tener la máxima participación juvenil”, dijo Petro.

La Ley 30 de 1992 es la que determina cuánto es el monto de dinero que debe destinar cada año el Estado a las instituciones de educación superior (IES) públicas.

¿Cuál es el problema de estos artículos que busca cambiar el Gobierno?

El Espectador habló hace meses con Sergio Lancheros, del grupo de investigación en políticas públicas de educación superior de la Universidad Nacional, quien explicó que la regla que se fijó allí obliga al Gobierno a ajustar todos los años el presupuesto para las IES públicas únicamente con el valor de la inflación.

Sin embargo, advierte, esta fórmula no contempló otros factores de gastos que tienen anualmente las universidades, como la renovación de infraestructura física y tecnológica, salarios de docentes y administrativos y el avance en investigación. “Entonces, este modelo hace que las IES públicas reciban lo mismo que hace 30 años”, dice.

El otro error, añade Lancheros, quien también es candidato a magíster en ciencias económicas de la Nacional, es que en estos artículos no se tuvo en cuenta a las instituciones técnicas y tecnológicas, y al no hacerlo genera que el dinero que se les asigna anualmente a las IES públicas disminuya.

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Cabe recordar que el Gobierno Petro también se planteó una ambiciosa meta durante sus cuatro años de periodo: generar 500.000 nuevos cupos en las instituciones de educación superior públicas. Asimismo, se ha hablado de aumentar la planta docente de algunas universidades.

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