Esta semana se llevó a cabo en Bucaramanga la primera Cumbre Mundial de Páramos, que se realizó entre el 21 al 23 de noviembre. Entre sus invitados contó la presencia de dos funcionarios que serán claves a la hora de hablar de medio ambiente en el gobierno de Gustavo Petro: el nuevo director de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Luis Álvaro Pardo Becerra, y Rodrigo Negrete Montes, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

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En el evento, Pardo Becerra resaltó que la minería ilegal, especialmente la de oro, ha tenido una especie de “estallido” en el país. “Hay ausencia del Estado en muchos sitios donde hay extracción de oro. La autoridad minera tiende mucho a concentrarse en Bogotá, incluso la política minera también se concentra allí, sin consultar en la mayoría de los casos a los territorios”, dijo el funcionario.

Además, Pardo resaltó que las mafias han tomado el control de la minería en algunas zonas donde se ejerce la actividad y advirtió que los mecanismos para formalizar mineros en Colombia han fracasado.

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Ante esta situación, el director de la ANM explicó que en muchas ocasiones formalizar mineros ha sido imposible, ya que ejercen su actividad en áreas prohibidas. Por esto, planteó dos posibles acciones que pueden ayudar a mejorar esta situación. La primera consiste en formalizar grupos de mineros, es decir, cooperativas o asociaciones. “Estamos pensando en formalización grupal. Estamos tratando de ubicar áreas libres donde se puedan formalizar, y que, con el apoyo del Estado, puedan trabajar en la minería”.

La otra propuesta que puso sobre la mesa fue la creación de una empresa pública de minería, especialmente de minerales estratégicos como cobre o litio, que se haga cargo de la extracción de esos recursos. Sin embargo, resaltó que dicha empresa debería encargarse del oro. “Solamente compraríamos a precio de oro internacional, el que no haya tenido tratamiento de mercurio ni cianuro. Ahí le pegamos a muchas cosas: a la política de cero mercurio en el país, a mejorar los ingresos de los barequeros y a quitarle la base social a las mafias”, agregó Álvaro Pardo.

Sobre las sanciones, especialmente de las empresas mineras que incumplen, habló el director de la ANLA, quien sostuvo que hay muchos vacíos en las políticas y leyes encargadas de este punto. Pese a esto, resaltó que las fallas estructurales se pueden subsanar. Mencionó que están trabajando en un proyecto de ley y también buscan agregar por lo menos tres artículos en la ley del Plan Nacional de Desarrollo.

“Uno de los temas tiene que ver con las multas. 5.000 salarios mínimos legales mensuales para muchas empresas no significa nada, y sigue siendo un negocio muy rentable, infringir la norma, pagar la sanción, en vez de cumplir. Por eso queremos incrementar la sanción hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales, que se sienta en el bolsillo de los infractores”, dijo Rodrigo Negrete.

El director indicó que trabajan en temas como la prevención para que las empresas se abstengan de infringir las normas, y de pedagogía con el fin de que las autoridades locales impongan medidas de precaución, como figuras que pueden actuar en el territorio, y no esperen únicamente a que la autoridad ambiental sea la que intervenga.

“Pese a ser un modelo internacional, el Sistema Nacional Ambiental del país no está articulado. Las autoridades estamos actuando de manera muy independiente. En la ANLA, por ejemplo, cumplimos términos legales en todos los efectos, pero tenemos muchas corporaciones que, por recursos, o por mala gestión administrativa, no tienen esa capacidad. Esto incide en que no haya uniformidad en la aplicación de un marco regulatorio, en este caso en el sancionatorio”, expresó el director de la ANLA.

Dijo, además, que buscan con el proyecto de ley subsanar una de las dificultades que se presenta con las acciones ilegales, cuando, por ejemplo, una empresa no tiene permiso o licencias ambientales. “Esta no son objeto de investigación y sanción de parte de las autoridades ambientales, eso le toca a la Fiscalía o a otros entes. Por eso planteamos un artículo donde podamos investigar y sancionar frente a la ilegalidad”.

¿Un nuevo código de minas?

El director de la Agencia Nacional de Minería sostuvo que si bien hay varias propuestas para que se den los cierres mineros en el país, esperan abordarlas en la reforma al Código de Minas, el marco jurídico de los recursos mineros en Colombia.

“Es una propuesta que viene del plan de gobierno del Pacto Histórico, se trata de buscar un nuevo consenso sobre qué es lo que los colombianos queremos respecto a nuestros minerales”, indicó Luis Álvaro Pardo Becerra.

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Según el director del ANM, el actual código fue hecho solo por un grupo de personas con intereses de por medio. Por esto, buscan que este nuevo documento se redacte luego de escuchar a las comunidades. “La comisión quinta del Congreso tiene audiencias en varios lugares del país, oyendo a las comunidades y nosotros estamos participando para ver que reclaman, con el fin de llevar estas opiniones al Código de Minas”.

Pardo explicó que, además, a nivel interno trabajan en una propuesta para presentarle al Congreso el próximo año. “Buscamos llenar los vacíos que quedaron de la ley 685 de 2001. En el nuevo código queremos estipular en qué consiste un cierre minero, que será un proceso con una mirada holística, porque a diferencia de hace más de 20 años, hoy están invitados a participar diferentes actores para tener una visión interdisciplinaria”.