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Entró en su segunda semana, sin materializarse, el compromiso del presidente Gustavo Petro con los empresarios del llamado Sindicato Antioqueño y la familia Gilinski, para la expedición de un decreto que posibilitará que esta última se quede con el 87 % de las acciones del Grupo Nutresa.
Y es que tras la reunión del pasado 12 de enero, en la Casa de Nariño, sigue en el tintero el proyecto que busca modificar el Decreto 2555 de 2010, en lo que concierne al régimen de excepciones para la realización de las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA).
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Luego del encuentro de Petro con los presidentes de los grupos Nutresa, Argos, Sura y Gilinski, el mandatario y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, viajaron a Davos al Foro Económico Mundial y esta semana estarán en la llamada jornada de “Gobierno con el Pueblo” en el litoral Pacífico, con lo que la expedición de la normativa se mantiene en el limbo.
El cambio planteado apunta a adicionar un numeral al artículo 6.15.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010, en el que se obliga a los inversionistas que participen en una permuta accionaria para lograr el control de la sociedad a lanzar una OPA, dirigida a los accionistas que no participen de esa operación.
En ese contexto, el intercambio directo de acciones de Nutresa que poseen Sura y Argos por las de Grupo Sura que están en manos de Gilinski y los inversionistas árabes de IHC estaría sujeto a la firma de ese decreto, y con ello podrían avanzar otras operaciones acordadas por las partes a mediados del año pasado.
Para conocedores del mundo empresarial y regulatorio lo único cierto hasta ahora es que va a salir un decreto reglamentando ese tipo de transacciones (permuta de acciones), pero esto solo sucederá cuando el Gobierno lo decida.
Tampoco es claro si la modificación será solo con la adición planteada en el proyecto o si se introducirán nuevos requerimientos, tras la recepción de comentarios que se entregaron entre finales de diciembre y los primeros días de enero.
“Esto lo están empujando tanto los abogados de Gilinski como los de Sura, pero mientras tanto se mantiene la incertidumbre sobre un negocio que es demasiado importante para Antioquia”, comentaron las fuentes consultadas por este diario.
A partir de lo que finalmente se establezca en ese decreto dependerá lo que ocurra con Grupo Argos que podría quedar con una participación accionaria del 70% en Sura, mientras que esta holding financiera quedaría con un 40% de la propiedad de Argos. ¿Tendrán que lanzar una OPA para proteger intereses de los pequeños accionistas?
Hoy se comenta que el Gobierno debería darle un plazo a Argos para que encuentre un socio interesado en invertir en al menos el 21 % de la propiedad de Sura y, de hecho, la holding de infraestructura ha expresado que no tiene interés en controlar a Sura.
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